Supreme Court of Puerto Rico
Negrón Castro y otros v. Soler Bernardini y otros
2025 TSPR 96
Decided October 6, 2025
Good LawGood law: 13 citing cases carry treatments with no negative treatment.
Summary
El Tribunal resolvió que los límites estatutarios de responsabilidad concedidos a los Centros Médicos Académicos Regionales y a su personal médico-docente no se extienden a sus aseguradoras. También determinó que las cláusulas de las pólizas que obligan a las aseguradoras a pagar las cantidades que el asegurado esté legalmente obligado a pagar no son cláusulas de exclusión ni incorporan los límites estatutarios a la cubierta pactada. Por ello, modificó el dictamen apelativo, confirmó los demás extremos y restableció el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
Holdings
- Extensión de los límites estatutarios a las aseguradoras. Los límites de responsabilidad establecidos para los Centros Médicos Académicos Regionales, sus estudiantes y miembros de facultad no son extensivos a sus compañías aseguradoras. 27-28
- Interpretación y clasificación de las cláusulas de las pólizas. Las cláusulas que obligan a la aseguradora a pagar las cantidades que el asegurado esté legalmente obligado a pagar como daños no son cláusulas de exclusión ni constituyen un acuerdo para responder por debajo de los límites expresamente establecidos en las pólizas. 28-32
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Cited
Real Legacy Assurance Company, Inc., en Liquidación, a Través Del Comisionado De Seguros De Puerto Rico, Como Su…. Se incluye como autoridad de apoyo para el propósito del mecanismo de sentencia sumaria.
Cited
Consejo De Titulares Del Condominio Valle Santa Cecilia v. Triple S Propiedad Inc.; Abc Adjusters; Xyz Corp.; Y Otros. los foros apelativos nos encontramos en la misma posición que el foro primario al evaluar la procedencia de una sentencia sumaria.
Cited
Edwin Mojica Rodríguez v. Maricarmen Reyes Fajardo. The opinion invokes the rule that summary judgment is proper when the record shows no real substantial controversy over an essential fact.
Cited
Monserrate Blassino Alvarado T/C/C Monsita Blassino De Reyes; Carmen Ana Reyes Blassino v. Ligia Catalina Reyes…. La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuya función es permitir a los tribunales disponer parcial o totalmente de litigios civiles.
Applied
Rodríguez Negrón v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico Y Otros, 2026 TSPR 84. El factor determinante es que el accidente ocurra en una carretera o acera propiedad del Estado.
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Opinion of the Court
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Samuel Negrón Castro y otros
Peticionarios
v.
Hiram M. Soler Bernardini, su
esposa Marisol Portilla Delgado y Certiorari
la Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta por ambos; 2025 TSPR 96Hospital Episcopal San Lucas Ponce; Bernardo Campos González,216 DPR ___
Hospital Español Auxilio Mutuo de
Puerto Rico, Inc.; Beazly Group;
The Medical Protective Company,
SIMED; Puerto Rico Medical
Defense Insurance; John Doe,
Richard Roe
Recurridos
Número del Caso: CC-2024-0466
Fecha: 6 de octubre de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel Especial
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcda. Alexandra Bigas Valedón
Lcdo. Gaspar A. Martínez Mangual
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcdo. Henry O. Freese Souffront
Lcda. Angélica Rivera Ramos
Lcda. Yadira H. Rosario Rosario
Lcdo. Mariano Vidal Saenz
Lcda. Nidia I. Teissonniere Rueda
Materia: Derecho de Seguros – Límites de responsabilidad dispuestos
en la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto
Rico no son extensivos a las aseguradoras; interpretación de las
cláusulas de las pólizas de seguro expedidas en el caso.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Samuel Negrón Castro y
otros
Peticionarios
v.
Hiram M. Soler Bernardini, su
esposa Marisol Portilla
Delgado y la Sociedad Legal
de Bienes Gananciales
compuesta por ambos; Hospital CC-2024-0466 Certiorari
Episcopal San Lucas Ponce;
Bernardo Campos González,
Hospital Español Auxilio
Mutuo de Puerto Rico, Inc.;
Beazly Group; The Medical
Protective Company; SIMED;
Puerto Rico Medical Defense
Insurance; John Doe, Richard
Roe
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Rivera
Pérez.
En San Juan, Puerto Rico a 6 de octubre de 2025.
Nos corresponde interpretar y determinar si los límites
de responsabilidad establecidos por la Asamblea Legislativa a
favor de los Centro Médicos Académicos Regionales (CMAR) y su
facultad docente son extensivos a sus respectivas
aseguradoras. De igual manera, nos corresponde analizar si las
cláusulas de las pólizas de seguro expedidas a favor del Dr.
Hiram M. Soler Bernardini y el Hospital San Lucas constituyen
“cláusulas de exclusión” que limitan la responsabilidad de
estas aseguradoras, el Sindicato de Aseguradores para la
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Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-
Hospitalaria (SIMED) y Beazley Group, respectivamente.
Por los fundamentos que discutiremos, resolvemos que los
límites de responsabilidad dispuesto en la Ley Núm. 136-2006,
Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto
Rico, 24 LPRA sec. 10035, et seq., no son extensivos a las
aseguradoras. Además, reiteramos las doctrinas de
interpretación aplicable a los contratos de seguros y
disponemos que erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
que la cláusula interpretada es una cláusula de exclusión.
I.
Los hechos que dieron lugar a la presente reclamación en
daños y perjuicios ocurrieron el 24 de abril de 2017, cuando
el Sr. Luis Samuel Negrón Castro fue operado de la vesícula
por el Dr. Hiram Soler Bernardini en el Hospital Episcopal San
Lucas, en el municipio de Ponce. Posteriormente, se
presentaron serias complicaciones en su salud, que no son
necesario detallar, y fue intervenido por segunda ocasión por
el Dr. Bernardo Campos González en el Hospital Auxilio Mutuo,
falleciendo ulteriormente el 5 de julio de 2021.
Por estos hechos se instó una causa de acción en daños y
perjuicios por alegados actos de impericia médico-
hospitalaria.1
1 La Demanda fue presentada el 9 de mayo de 2018 por el señor Negrón
Castro, su esposa, la Sra. Sonia E. Lugo Ramos, la Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta por ambos, y sus hijos menores de edad, N.A., V.S.
y A.S.(en conjunto los demandantes), contra el Dr. Hiram M. Soler
Bernardini, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta
por ambos; el Hospital Episcopal San Lucas de Ponce; el Dr. Bernardo Campos
González; el Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc.; y sus
respectivas compañías aseguradoras: Beazley Group; The Medical Protective
Company; y Puerto Rico Medical Defense Insurance (codemandados). A esta
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Luego de varios incidentes procesales, que no son
necesarios consignar, el 22 de junio de 2022, el Dr. Soler,
su esposa y la Sociedad de Bienes Gananciales por estos
compuesta, presentaron una moción intitulada Segunda moción
solicitando se dicte Sentencia Parcial sobre los límites
aplicable[s] al caso conforme dicha Ley. En apretada síntesis,
solicitaron que se determinara que, en caso de que el Dr.
Soler resultara responsable por “algún tipo de responsabilidad
monetaria”, le serían aplicables los límites establecidos en
la Ley Núm. 136-2006, Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 10035, et seq.2 Esta
legislación ─como se discutirá más adelante─ extiende los
límites dispuestos en el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29
de junio de 1955,3 según enmendada, Ley de Reclamaciones y
Demandas contra el Estado, a los CMAR, su facultad y
estudiantes.4 Adujeron que no existía controversia alguna en
cuanto al hecho de que, en el tratamiento médico recibido por
el señor Negrón Castro (Q.E.P.D.), participaron estudiantes y
médicos en entrenamiento del programa de residencia en
cirugía, y que el Hospital San Lucas es un CMAR, por lo cual
les son aplicables los límites de responsabilidad dispuestos
en la referida ley.5 A esta solicitud, se unieron el Hospital
San Lucas y su aseguradora Beazley Group.
demanda se le asignó el alfanumérico J DP2018-0133. Posteriormente, la
Demanda fue enmendada en dos ocasiones: el 30 de enero de 2019 y el 30 de
septiembre de 2021.
2 Mediante esta legislación se crearon los CMAR.
3 32 LPRA sec. 3077.
4 Véase Artículo 7 de la Ley Núm. 136-2006, 24 LPRA sec. 10035.
5 Los demandantes contestaron a la referida moción dispositiva alegando
que esta no cumplía con los requisitos de la Regla 36.2 (b)(2) de
Procedimiento Civil. Además, indicaron que la evidencia presentada no era
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El 11 de agosto de 2022, la Sra. Sonia Enid Lugo Ramos y
la Sucesión del señor Negrón Castro6 instaron Moción
solicitando Sentencia Sumaria Parcial en la que peticionaron
al foro de primera instancia que declarara que las aseguradoras
SIMED y Beazley Group no podían beneficiarse de los límites
de responsabilidad dispuestos en la Ley Núm. 136-2006. En
particular, argumentaron que ni SIMED ni Beazley Group
practican la medicina ni forman parte de un CMAR.
La aseguradora del Dr. Soler, SIMED, así como el Hospital
San Lucas y su aseguradora Beazley Group, presentaron sus
respectivas mociones en oposición. En resumen, alegaron que,
conforme a la póliza, estos responden hasta aquellas cuantías
que ─en su día─ fuesen responsables sus asegurados.
En consecuencia, ante los límites de responsabilidad
dispuestos a favor de sus asegurados conforme a la Ley Núm.
136-2006, estos responderían igualmente hasta dicho límite.
Incluso en su escrito SIMED argumentó que, de acuerdo con esta
legislación, resultan “inmateriales” los límites establecidos
en la póliza expedida a favor del Dr. Soler (PRM0010996), la
cual dispone una cubierta de $100,000 por incidente médico y
$300,000 por agregado.7 Por su parte, Beazley Group expidió la
póliza W144B3160401 a favor del Hospital San Lucas, la cual
adelantamos establece unos límites de cubierta hasta
$1,500,000 por incidente médico y $6,000,000 por agregado.8
suficiente para demostrar que al Dr. Soler y al Hospital San Lucas le eran
aplicables los límites de responsabilidad.
6 Surge del epígrafe que la sucesión está compuesta por Milisette Caridad
Negrón Hernández, Nicole Enid Negrón Lugo, Víctor Samuel Negrón Lugo, la
menor AGNL y su viuda, la Sra. Sonia Enid Lugo Ramos.
7 Véase apéndice del recurso, pág. 552.
8 Íd., pág. 570.
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Evaluados los escritos presentados, el 13 de marzo de
2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial
en la cual resolvió, “como cuestión de derecho que, a los
codemandados, Dr. Hiram Soler Bernardini y el Hospital
Episcopal San Lucas le son aplicables los límites dispuestos
en la Ley Núm. 136-2006, no así a sus correspondientes
aseguradoras, SIMED y Beazley Group”.9 El foro de primera
instancia determinó como hechos incontrovertidos que el Dr.
Soler, a la fecha de los hechos, tenía un nombramiento
académico para la enseñanza de médicos residentes del Programa
de Cirugía del Hospital San Lucas, y que el señor Negrón Castro
fue atendido en dicho hospital, el cual está designado como
un CMAR conforme a la Ley Núm. 136-2006, supra. Añadió que,
en el tratamiento médico recibido por este, intervinieron
médicos residentes con nombramiento académico en la Escuela
de Medicina de Ponce.
En consecuencia, concluyó que el Dr. Soler y el Hospital
San Lucas son acreedores de los límites de responsabilidad
concedidos por la Ley Núm. 136-2006, supra. Por otra parte,
resolvió que dicha legislación no se extiende a sus
aseguradoras, ya que estas no cumplen con el propósito que
persigue la ley. De ordinario, las aseguradoras responden
hasta los límites de responsabilidad estipulados en las
pólizas. Así las cosas, concedió el petitorio sumario parcial
solicitado por el Dr. Soler y la Sucesión del señor Negrón
Castro.
9 Negrilla y subrayado en el original.
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Inconformes con lo decretado por el foro primario, SIMED
solicitó determinaciones de hechos adicionales y
reconsideración al palio de las Reglas 43.1 y 47 de las Reglas
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. A este pedido, se
unieron el Hospital San Lucas y Beazley Group. Argumentó SIMED
que la interpretación del Tribunal de Primera Instancia
menoscaba las cláusulas contractuales que forman parte del
contrato de seguros. A tales fines, sostuvo que las pólizas
establecen que solo resarcirán por la cantidad que el asegurado
venga “legalmente obligado” a resarcir, hasta el grado de su
responsabilidad.
El 3 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia
dictó una Resolución, acogiendo el hecho propuesto por SIMED,
y de esta manera incorporó al dictamen la cláusula siguiente:
THIS IS KNOWN AS A “CLAIMS MADE” POLICY, EXCEPT TO THE
EXTENT AS MAY BE PROVIDED HEREIN, THIS COVERAGE IS
LIMITED TO CLAIMS ARISING FROM THE RENDERING OF OR
FAILURE TO RENDER PROFESSIONAL SERVICES ON OR AFTER THE
RETROACTIVE DATE STATED IN THE DECLARATIONS AND FIRST
MADE AGAINST THE SYNDICATE WHILE THIS POLICY IS IN FORCE.
PLEASE READ THE POLICY CAREFULLY.
In consideration for the payment, in reliance upon
the statement in the declarations and application
attached thereto and made a part hereof and subject to
all the terms of this policy, the Syndicate agrees with
the insured as follows:
II. Coverage Agreements
The Syndicate will pay on behalf of the Insured
with respect only to his practice within the
Commonwealth of Puerto Rico:
CC-2024-0466 7
Coverage A- Individual Professional Liability
All Sums which the Insured shall become legally
obligated to pay as damages because of injury to
which this policy applies caused by medical
incident, occurring on or after the retroactive
date, for which a claim is first made against the
Insured and reported to the Syndicate during the
policy period, arising out of the rendering of or
failure to render professional services by the
Insured as a physician, surgeon or dentist.
(Negrilla suplida).
En dicho dictamen interlocutorio, el Tribunal de Primera
Instancia reiteró que dicha cláusula no es contraria a lo
previamente resuelto. Además, dispuso que, si bien SIMED será
responsable del pago de las cantidades que su asegurado pueda
estar “legalmente obligado a pagar como indemnización por
daños”, ello no es fundamento para invocar, a su favor, los
límites dispuestos en la Ley Núm. 136-2006, supra.10
En desacuerdo todavía, el Hospital San Lucas y, su
compañía aseguradora, Beazley Group, presentaron ante el
Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación.11 En el mismo,
reiteraron que los límites de responsabilidad establecidos en
la ley que creó los CMAR son extensivos a las compañías
aseguradoras de los profesionales de la medicina, que de forma
directa se benefician de ellos. Asimismo, alegaron que el foro
recurrido erró al ignorar las cláusulas contractuales
contenidas en la póliza de seguro acordada entre estas
entidades, las cuales limitaban su responsabilidad hasta la
cuantía por la que fuera legalmente responsable el asegurado.
De igual forma, SIMED presentó ante el foro apelativo
10 Véase apéndice del recurso, págs. 883-888.
11 Al cual le fue asignado el alfanumérico KLAN202300984.
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intermedio un Escrito de apelación, en el que reiteró el mismo
planteamiento.12
Consolidados ambos recursos, y evaluados los alegatos de
ambas partes, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia,
mediante la cual “revocó” la Sentencia Parcial dictada por el
foro primario. En síntesis, el foro apelativo intermedio
confirmó el dictamen recurrido, al concluir que los límites
de responsabilidad solo se aplican a aquellos sujetos
expresamente señalados en la Ley Núm. 136-2006, supra y en el
Artículo 41.050 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4105. No
obstante, modificó el dictamen del foro primario al resolver
que las normas de libre contratación permiten a las
aseguradoras y a sus asegurados pactar cláusulas que limiten
la responsabilidad “… hasta las cantidades que sus asegurados
estén obligados a pagar”.13
El foro intermedio razonó que las cláusulas de cubierta
(coverage agreement) incorporadas en las pólizas de SIMED y
Beazley Group, constituyen “cláusulas de exclusión”, pactadas
entre el Dr. Soler y el Hospital San Lucas, para limitar la
cuantía “que sus asegurados estén obligados a pagar”.14 En
consecuencia, validó dichas cláusulas por entender que nuestro
ordenamiento “no prohíbe que una aseguradora limite su propia
responsabilidad por debajo del monto de la cubierta que
ofrece”.15
12 Al cual le fue asignado el alfanumérico KLAN202300987.
13 Véase KLAN202300984 cons. KLAN202300987, pág. 29.
14 Íd., págs. 28-29.
15 Íd., pág. 29.
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Insatisfechos con el dictamen emitido por el Tribunal de
Apelaciones, la Sra. Sonia Enid Lugo Ramos y la Sucesión del
señor Negrón Castro acudieron ante esta Curia mediante una
petición de certiorari. En el presente recurso, plantean que
el foro intermedio cometió el siguiente error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que
SIMED y Beazley Group solo responderán, en el caso
de recaer una sentencia que determine que el Dr.
Soler Bernardini y el Hospital San Lucas incurrieron
en acciones u omisiones culposas, por las cantidades
que estos están legalmente obligados a pagar, según
lo pactado en sus respectivos contratos de seguro,
todo ello en contravención a las disposiciones
aplicables del Código de Seguros. (Subrayado en el
original).
La aseguradora SIMED, el Hospital San Lucas y su
aseguradora Beazley Group presentaron sus respectivos
alegatos. Estas reiteran que, conforme al contrato de seguros
suscrito entre las partes, y a los principios establecidos en
el Código de Seguros, las cantidades máximas por las que, en
su día, responderán en el presente pleito, son las dispuestas
en la Ley Núm. 104, supra; a saber, $75,000 por persona o
$150,000 dependiendo de la cantidad de personas o causas de
acción. Alegaron que dichas cuantías reflejan el límite de su
obligación, ya que responden únicamente hasta el grado de
responsabilidad de sus asegurados, “no más”.16
Evaluados los argumentos de las partes, procederemos a
exponer la normativa aplicable.
16Véase Alegato de SIMED, pág. 17. Alegato del Hospital San Lucas y Beazley
Group, pág. 3.
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II.
A. Mecanismo de la Sentencia Sumaria
La Regla 36 de Procedimiento Civil regula todo lo
relacionado con la moción de sentencia sumaria. Dicho
mecanismo procesal se utiliza en aquellos litigios en los que
no existen controversias genuinas de hechos materiales y, por
consiguiente, no resulta necesaria la celebración de un juicio
en su fondo, en la medida en que solo resta por dilucidar
determinadas controversias de derecho. BPPR v. Zorrilla y
otro, 214 DPR 329, 338 (2024). Véase Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros,212 DPR 335
, 349 (2023). Se considera un hecho material aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Bobé et al. v. UBS Financial Services,198 DPR 6, 20
(2017).
El propósito que persigue el mecanismo de la sentencia
sumaria es que los pleitos civiles se resuelvan de forma justa,
rápida y económica. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,
208 DPR 310, 334-335 (2021). Véase León Torres v. Rivera Lebrón,204 DPR 20
, 43 (2020). Para lograrlo, la Regla 36.3
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece el contenido
y los requisitos de forma que deben observarse, tanto en la
solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte
promovente, como en la oposición que pueda presentar la parte
promovida. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 43.
La sentencia sumaria solicitada será dictada
inmediatamente:
si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a
las declaraciones juradas, si las hay, u otra
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evidencia demuestran que no hay controversia real
sustancial en cuanto a algún hecho esencial y
pertinente y que como cuestión de derecho el
tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de
la parte promovente. Regla 36.3 (e) de Procedimiento
Civil, supra. Véanse, además, Rodríguez García v.
UCA, 200 DPR 929, 941 (2018); Roldán Flores v. M.
Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018).
Como regla general, una moción de sentencia sumaria no
procederá cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales
controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda
que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos
que se acompañan con la moción una controversia real sobre
algún hecho material y esencial; o (4) no proceda como
cuestión de derecho. Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,
supra,págs. 335-336. Véase S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares,184 DPR 133
, 167 (2011).
Por otra parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V., establece que:
[s]i en virtud de una moción presentada bajo las
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia
sobre la totalidad del pleito, no se concede todo
el remedio solicitado o se deniega la moción, y es
necesario celebrar juicio, será obligatorio que el
tribunal resuelva la moción mediante una
determinación de los hechos esenciales y pertinentes
sobre los cuales no hay controversia sustancial y
los hechos esenciales y pertinentes que están
realmente y de buena fe controvertidos, […].
Ahora bien, este Tribunal ha pautado reiteradamente que
los foros revisores están llamados a “examinar el expediente
de novo y verificar que las partes cumplieron con las
exigencias” pautadas en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil,
supra. Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra,págs. 337- 338, citando a Rivera Matos et al. v. Triple-S et al.,204 DPR 1010
, 1025 (2020). Para ello, es indispensable “analizar CC-2024-0466 12 tanto los documentos que acompañan la solicitud como los documentos de la oposición para determinar si existe o no controversia de hechos”. Rosado Reyes v. Global Healthcare,205 DPR 796
, 809 (2020). En ese proceder, si se concluye que los hechos materiales están verdaderamente incontrovertidos, entonces corresponde revisar si el foro primario aplicó correctamente el Derecho. Fernández-Bernal v. RAD-MAN etal., supra,
pág. 338. Véase González Santiago v. Baxter Healthcare,202 DPR 281
, 291 (2019).
B. El Contrato de Seguros
En virtud de la trascendencia pública, importancia,
complejidad y efecto en la economía de nuestra sociedad, la
Asamblea Legislativa ha considerado apropiado reglamentar el
negocio de los seguros en una ley especial, conocida como el
Código de Seguros de Puerto Rico,17 el cual ha sido objeto de
múltiples enmiendas a lo largo del tiempo. A su vez, dicha
legislación creó el cargo del Comisionado de Seguros, a quien
corresponde reglamentar todos los asuntos relacionados al
negocio de seguros en Puerto Rico. Incluso, tiene la facultad
de llevar a cabo las investigaciones y exámenes que estime
necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones
del Código, su reglamento y las órdenes que se hayan emitido.
Artículo 2.030 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 235.
En cuanto a su forma y contenido, el contrato de seguro
debe constar por escrito, en documento privado, denominado
como la póliza.18 En este se expresan los derechos y
17 Véase Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, Código de Seguros de Puerto
Rico, según enmendada,26 LPRA sec. 101 et seq.
18 Véase Artículo 11.140 de la Ley Núm. 77, 26 LPRA sec. 1114.
CC-2024-0466 13
obligaciones de las partes contratantes, el nombre del
asegurador y del asegurado, la designación del objeto
asegurado, la naturaleza de los riesgos cubiertos, la cantidad
asegurada, la declaración de la prima, y las condiciones y
exclusiones correspondientes al seguro. R. Cruz, Derecho de
Seguros, San Juan, Ed. J.T.S., 1999, págs. 3-4.
Respecto a los derechos y obligaciones, tanto del
asegurador como del asegurado, estos quedan establecidos en
la sección referente a las condiciones. En dicha sección, el
asegurador condiciona su obligación indemnizatoria y
establece, además, sus derechos y los del asegurado. Íd., pág.
11.
Por otra parte, las exclusiones ─a diferencia de las
condiciones─ limitan o excluyen el alcance de las cubiertas,
y específicamente excluyen aquellos riesgos o peligros de la
cubierta general que el asegurador así exprese en esta parte
de la póliza. Íd., págs. 10-11.
Por otro lado, en repetidas ocasiones hemos resuelto que
el contrato de seguro es el contrato de adhesión por
excelencia, ya que este es redactado íntegramente por el
asegurador en todo su contenido, sin que el asegurado tenga
la oportunidad de negociar su contenido. Íd., pág. 12. Véase,
además, Artículo 11.140, inciso (2) del Código de Seguros, 26
LPRA sec. 1114; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 386 (2009); Zequeira v. CRUV,83 DPR 878, 880
(1961).
Es un principio hermenéutico del derecho de seguros que
“[tlodo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente,
a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según
CC-2024-0466 14
se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido,
o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la
póliza y que forme parte de ésta”. Artículo 11.250 del Código
de Seguros, 26 LPRA sec. 1125. “Es precisamente mediante la
interpretación global del contrato de seguro y no de manera
aislada que se logra obtener la verdadera intención de las
partes”. R. Cruz, op. cit., pág. 36.
En cuanto a esta materia, en Barreras v. Santana, 87 DPR
227 (1963), dictaminamos que “[l]as dudas se resolverán de
modo que se realice el propósito de la póliza [...] y no se
favorecen las interpretaciones sutiles para evadir la
responsabilidad [...]”. Íd., pág. 235. Asimismo, la doctrina
requiere, no solo que interpretemos la póliza a favor del
asegurado y en contra de la aseguradora que redactó la póliza,
sino que la interpretemos a favor de darle efecto a las
cubiertas pactadas. Véase Couch, On Insurance, 3ra ed.,
Thompson Reuters, 2025, Vol. 1, sec. 219.
De otra parte, el Código de Seguros vela porque el
contrato sea redactado, no solamente incluyendo cláusulas
uniformes, sino también, en cuanto al contenido de las pólizas
en general, dejando la libre contratación solo en aquellas
situaciones que no afecten el aspecto sustantivo del contrato,
las cuales pertenecen a un régimen muy personal dentro del
contrato de seguro. R. Cruz, op cit., págs. 12-13. Sobre este
particular, el Artículo 11.110 del Código de Seguros, 26 LPRA
sec. 1111, en su inciso (1), dispone que:
[n]inguna persona expedirá, entregará o usará ningún
formulario básico de póliza de seguro, excepto el
de fianza ni ningún formulario de solicitud cuando
CC-2024-0466 15
se requiera solicitud por escrito, ni aditamento
impreso ni formulario de endoso, a menos que
previamente haya sido presentado al Comisionado y
aprobado por éste [...].19
Así, “[n]inguna persona deberá expedir ni entregar ningún
formulario a sabiendas de que el mismo no ha sido aprobado
por el Comisionado”. Íd., inciso (4). Además, es menester
recalcar, que el Comisionado también tiene la facultad de
desaprobar un formulario de póliza, solicitud, aditamento o
endoso, o retirar su aprobación:
[s]i contiene o incorpora por referencia
cualesquiera cláusulas inconsistentes, ambiguas o
que se presenten a error, o excepciones y
condiciones que falazmente afecten el riesgo que se
tiene la intención de asumir en la cubierta general
del contrato”. Artículo 11.120, inciso (3) del
Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1112.
En suma, todo contrato de seguros debe expresar
claramente los actos asegurados por la póliza, fuente de
responsabilidad frente al asegurado. En su típica redacción
(typical coverage provision for a professional liability E&O
policy obligates the insurer) se encuentra:
To pay on behalf of the Insured all sums which
the Insured shall become legally obligated to pay
as damages … by reason of any act, error or omission
arising out of professional services rendered or
which should have been rendered, as specified [in
the Insured Profession Section] of the
Declarations”. (Negrilla suplida). New Appleman on
Insurance Law Library Edition, Vol. 4, Sec.
25.03[7], págs. 25-46 (Rel. 13-9/2015).
Al respecto, Theresa A. Guertin y Tracy Alan Saxe
explican lo siguiente:
This “legally obligated” requirement was
intended to avoid coverage for obligations that the
insured has voluntarily assumed. That is, the scope
of coverage is limited to only those obligations
19 Negrilla suplida.
CC-2024-0466 16
that the law recognizes and enforces between
parties. Logically, these legal obligations should
include not only judgments rendered by courts of
law, but also any valid liability claim once it
arises. (Citas omitidas). Theresa A. Guertin y Tracy
Alan Saxe, Insurance Coverage of Construction
Disputes, 2d ed., Thompson Reuters, 2025, sec. 6:7.
En virtud de lo anterior, distintos tribunales han
interpretado la cláusula de “legally obligated to pay as
damages” refiriéndose al requisito de responsabilidad
extracontractual y no en referencia a cantidad alguna. Véanse,
por ejemplo, Terrebonne v. State Farm Fire and Cas. Co., 491
So. 2d 73(LA. Ct. App. 1st Cir. 1986) (Injuries sustained by the insured’s adult son when he tried to lift a railroad jack while helping his father construct a boat were not compensable under the father’s homeowner’s liability policy, where there was no negligence or fault by the insured father, so that the insured was not “legally obligated” to pay any damages)20; Federated Serv. Ins. Co. v. Alliance Constr.,LLC,282 Neb. 638
(Neb.2011),805 N.W.2d 468
(2011) (“Under a policy providing liability coverage, the insurer has a duty to indemnify an insured who becomes legally liable to pay damages for a covered occurrence”); Detroit Water Team Joint Venture v. Agricultural Ins. Co.,371 F.3d 336
(6th Cir. 2004) (“Thus,
Detroit Water Team has the burden of proving that it was
“legally obligated” to pay the “sums” that it incurred in
repairing the damaged electrical system. The phrase “legally
obligated” necessitates “more than inchoate or potential
liability”.).
20“The clause in question is clear and explicit. The generally prevailing
meaning of legally obligated or a legal obligation is defined as “[a] duty
imposed by law....”, Black's Law Dictionary, 806 (5th ed. 1979)”. Íd.
CC-2024-0466 17
Antes bien, la controversia que ha levantado esta
cláusula en las jurisdicciones de Estados Unidos ha sido si
tal cláusula incluye responsabilidad por daños contractuales
o si debe limitarse a responsabilidad extracontractual.
Véanse, por ejemplo, Vandenberg v. Superior Court, 21 Cal.4th
815(1999)21; Sigma Chi Corp. v. Westchester Fire Ins. Co.,587 F.Supp.2d 891
(N.D. Ill. 2008).
En concordancia, destacamos que el Capítulo 20 del Código
de Seguros dispone sobre los articulados aplicables a los
Seguros contra Accidentes. Entre estos se establece que “[l]a
responsabilidad del asegurador no excederá de aquella
dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no
solamente la responsabilidad del asegurador, sino que también
la cuantía de la pérdida”. Artículo 20.030 del Código de
Seguros, 26 LPRA Sec. 2003. Es decir, una vez establecido el
grado de responsabilidad y la cuantía de los daños, la
aseguradora responderá únicamente hasta el monto dispuesto en
la póliza.22 Además, la persona que sufra los daños y perjuicios
tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador
conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción
que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra
éste y el asegurado conjuntamente. Íd.
C. El Contrato de Seguro médico-hospitalario
21 “Second, we must determine whether a commercial general liability (CGL)
insurance policy that provides coverage for sums the insured is “legally
obligated to pay as damages” may cover losses arising from a breach of
contract”. Íd.
22 En aquellos casos en que el monto de la sentencia exceda el total del
riesgo cubierto por una póliza de impericia médico-hospitalaria, el
tribunal podrá autorizar el pago a plazos de esa parte de la sentencia que
le corresponde al profesional o institución de cuidado del asegurado.
Véase Artículo 41.100 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4110.
CC-2024-0466 18
El Código de Seguros exige que todo profesional de
servicios de salud e institución médica presente anualmente
prueba de su responsabilidad financiera, la cual debe cubrir
no menos de $100,000 por incidente y $300,000 en agregado por
año. Asimismo, el Comisionado podrá requerir límites hasta un
máximo de $500,000 por incidente médico y un agregado de
$1,000,000 por año en los casos de instituciones de cuidado
de salud. Artículo 41.050 del Código de Seguros, 26 LPRA sec.
4105.
Este deber se puede satisfacer mediante: (i) el
establecimiento de un fondo de garantía; (ii) la obtención de
un seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria
expedido por un asegurador que participe del mercado de libre
competencia o SIMED; o (iii) una combinación de ambas formas.
El referido contrato de seguros constituirá la cubierta de
seguros de responsabilidad profesional para cubrir riesgos de
daño por culpa o negligencia por impericia profesional
(malpractice) para profesionales de servicios de salud e
instituciones de cuidado de salud. Artículo 41.020 inciso (7)
del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4102.23
En lo aquí pertinente, el Código de Seguros dispone
claramente, cuáles profesionales e instituciones de cuidado
de salud están exentos de esta obligación. Artículo 41.050
del Código de Seguros, supra. De igual manera, el legislador
clasificó expresamente a quiénes se les concede inmunidad y a
quiénes se les otorgaron límites de responsabilidad. Así, el
23 Véase, además, Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690 (2001).
CC-2024-0466 19
referido articulado taxativamente establece cuáles
profesionales e instituciones de salud no podrán ser incluidas
como parte demandada en una acción civil de daños por culpa o
negligencia por impericia profesional (malpractice), y a
quiénes les resultan aplicables los límites de
responsabilidad. Íd.
Por otro lado, la Ley Núm. 103-2011 se aprobó para
enmendar el Artículo 41.050 del Código de Seguros, supra, el
Artículo 2 de la Ley Núm. 104, supra, y el Artículo 7 de la
Ley Núm. 136-2006, supra, que se discutirán más adelante. En
esta medida, el legislador entendió necesario aclarar quiénes
están sujetos a los límites de responsabilidad dispuestos en
la Ley Núm. 104, supra. Véase, Exposición de Motivos de la
Ley Núm. 103-2011.
Así, en el referido Artículo 41.050, supra, se incorporó
el siguiente lenguaje que, en lo aquí pertinente, dispone:
[s]e aplicarán los límites de responsabilidad que
la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, según
enmendada, impone al Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, en similares circunstancias, en los siguientes
escenarios: […]”.
El inciso (vii) del referido articulado incluye:
a los Centros Médicos Académicos Regionales de
Puerto Rico, sus estudiantes y miembros de facultad
cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de
impericia médica hospitalaria (malpractice)
cometida por sus estudiantes y miembros de su
facultad en el desempeño de sus funciones docentes;
[…]. (Negrilla suplida).
En relación con la controversia presentada es importante
destacar que la inmunidad supone la inexistencia de una causa
de acción, mientras que la imposición de límites de
responsabilidad meramente establece un tope a la compensación
CC-2024-0466 20
que la parte demandante debe recibir. Por lo cual, hemos
establecido que ambas figuras, aunque persiguen un fin
similar, son excluyentes, dado que la aplicación de una
necesariamente excluye la aplicación de la otra. Ortiz et al.
v. Hosp. San Lucas et al., 205 DPR 222, 228-229 (2020). Véase Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de Salud,197 DPR 876, 884-885
(2017).
De igual manera, hemos resuelto que la Ley Núm. 136-2006,
supra, ─a la cual hacemos referencia a continuación─ tuvo el
efecto de imponer límites monetarios a la responsabilidad de
los CMAR y a los facultativos que ejercen labores docentes en
estos, y no el de conferirles inmunidad absoluta ante
cualquier reclamación por daños y perjuicios por impericia
médica. Ortiz et al. v. Hosp. San Lucas et al., supra, págs.
229-230. Véase Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de Salud,
supra, págs. 884-885.
En Quílez-Velar et al. v. Ox Bodies, Inc., 198 DPR 1079
(2017), atendimos una Certificación Interjurisdiccional sobre
el asunto de la inmunidad y los límites de responsabilidad, y
allí reiteramos que:
Si un codeudor es inmune por razón de una ley
que así lo prescribe, su porción de la deuda no debe
formar parte de la deuda solidaria.
Asimismo, si un codeudor está cobijado por un
límite de responsabilidad estipulado por la ley, …,
pues su porción de la deuda no puede rebasarse del
límite establecido. (Negrilla suplida). Íd., págs.
1087-1088.24
24Destacamos que, en el pleito citado, una vez celebrado el juicio, el
Jurado concluyó que Ox Bodies respondía a los demandantes y otorgó daños
que totalizaron $6,000,000. El Jurado adjudicó la responsabilidad por los
daños de la manera siguiente: 20% de la responsabilidad a Ox Bodies,
($1,200,000); 80% al Municipio ($4,800,000), que ya no formaba parte de
la demanda y 0% a la señora Quílez Bonelli.
CC-2024-0466 21
Las inmunidades, o los límites de responsabilidad que se
establecen por ley, son excepciones, o defensas, personales
que puede presentar un deudor. Así, éste puede servirse de la
inmunidad o el límite de responsabilidad estatutaria de otro
codeudor en la porción de la deuda de la cual sea responsable
ese otro. Íd., pág. 1089.
D. La Ley Núm. 136-2006
Como principio cardinal básico de hermenéutica, el texto
de la ley no se debe menospreciar so pretexto de honrar su
espíritu. Martínez v. Ofic. del Gobernador, 152 DPR 586(2000). Si una disposición específica de una ley requiere interpretación, los tribunales debemos siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y el fin social que los inspiró. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II,179 DPR 923
(2010). Véase Vázquez v. A.R.P.E.,128 DPR 513, 523
(1991). Nuestra determinación debe atribuirle un sentido lógico que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener y suplir posibles deficiencias, solo cuando sea necesario. Alonso García v. S.L.G.,155 DPR 91
(2001).
En el marco de sus facultades, nuestra legislatura aprobó
la Ley Núm. 136-2006, supra, con el propósito expreso de
“[…], el Municipio ostentaba una defensa personal de límite de
responsabilidad estatutaria. […] por lo cual los demandantes no podían
recuperar dinero adicional del Municipio en el foro federal, […]. En cuanto
al codeudor solidario …, Ox Bodies, éste podía oponer la defensa personal
del Municipio en la parte de la deuda que el Municipio fuese responsable,
entiéndase, [el] ochenta por ciento (80%)”. Íd., págs. 1089-1090.
Ante la defensa que, por disposición de ley, poseía el Municipio,
Ox Bodies perdió su derecho de nivelación. “Por lo tanto, la magistrada
Carreño Coll hizo lo correcto al limitar la responsabilidad final de Ox
Bodies a $1,200,000 equivalente al veinte por ciento (20%) de los daños
otorgados por el Jurado”. Íd., pág. 1090.
CC-2024-0466 22
facilitar el acceso y ampliar la oferta de servicios médicos
disponibles a la ciudadanía, y para ello creó los CMAR.
Incluso, mediante esta ley se incorpora como política pública
el reconocimiento de la “responsabilidad en la educación
profesional de la salud, en especial para la educación médica
y estimular el desarrollo de la docencia, la investigación
clínica, epidemiológica y sociomédica y servicios en ciencias
de la salud”. Artículo 2 de la Ley Núm. 136-2006, supra.25 Los
CMAR son definidos como un:
[c]onjunto de uno (1) o más hospitales, facilidades
de salud, grupos médicos y programas de formación y
entrenamiento de profesionales de la salud
relacionadas a una Escuela de Medicina acreditada,
cuya misión es la educación, investigación y
provisión de servicios de salud”. Artículo 3 inciso
(b) de la Ley Núm. 136-2006, 24 LPRA sec. 10031(b).
En atención al fin eminentemente público que persigue la
creación de los CMAR, el legislador determinó extenderles los
límites monetarios dispuestos en la Ley de Reclamaciones y
Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104, supra. Como ya
indicamos, mediante la Ley Núm. 103-2011, la Asamblea
Legislativa enmendó el Artículo 7 de la Ley Núm. 136-2006,
supra, y el Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto
Rico para aclarar el alcance de este límite para extenderlo a
los CMAR y su facultad docente.
Posteriormente, en la Ley Núm. 94-2023,26 la Asamblea
Legislativa reitera la “crisis real de escasez de médicos” que
enfrenta el país y consideró, una vez más, la necesidad de
2524 LPRA sec. 10031 nota.
26 Ley Núm. 94-2023 enmendó el Artículo 7 de la Ley Núm. 136-2006; el
inciso (c) del Artículo 21 de la Ley Núm. 139-2008, Ley de la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Médica; y el Artículo 41.050 del Código de
Seguros.
CC-2024-0466 23
aclarar el alcance del estatuto que creó los CMAR. En su
exposición de motivos, el legislador incorporó la
interpretación que hemos dado a la inmunidad y a los límites
de responsabilidad, y citó:
… la inmunidad no constituye una defensa personal del
médico ante reclamaciones en su contra, sino la
inexistencia de causa de acción. Un individuo que
disfruta de inmunidad no puede ser objeto de un litigio,
independientemente de que haya realizado un acto u
omisión negligente. Por otro lado, el límite de
responsabilidad se trata de una limitación impuesta por
la Asamblea Legislativa a las cuantías compensables por
actos u omisiones culposos o negligentes. Así, una
persona cobijada por inmunidad no puede ser incluida
como parte demandada y no le son aplicables los límites
de responsabilidad. Esta Asamblea Legislativa entiende
que con la aprobación de la presente medida nos permitirá
detener el éxodo masivo de la clase médica
puertorriqueña, retener los nuevos profesionales de la
salud, evitar una crisis de salud pública y garantizar
la existencia de suficientes talleres de enseñanza para
aumentar los programas de educación médica graduada en
Puerto Rico. (Negrilla suplida)
De esta manera, y mediante esta enmienda, quedó
claramente establecido en el Artículo 41.050 del Código de
Seguros, supra, a cuáles instituciones y profesionales de la
salud les aplica el límite de responsabilidad. Destacamos que
el inciso (vii) mantuvo el mismo lenguaje incorporado desde
la Ley Núm. 103-2011, a saber, “a los Centros Médicos
Académicos Regionales de Puerto Rico, sus estudiantes y
miembros de facultad cuando recaiga sentencia por actos
constitutivos de impericia médica hospitalaria (malpractice)
cometida por sus estudiantes y miembros de su facultad en el
desempeño de sus funciones docentes […]”. (Negrilla suplida).
Además, examinado el Diario de Sesiones de la Ley Núm. 94-2023
(P del S 1197), no encontramos que el legislador hiciera
referencia a las aseguradoras ni que estas hubiesen sido parte
CC-2024-0466 24
del debate legislativo al aprobar esta medida.27 Diario de
Sesiones, 5ta Sesión Ordinaria (27 de junio de 2023 hasta el
30 de junio de 2023), Decimonovena Asamblea Legislativa, Tomo
VII.
Examinado el derecho aplicable, procedemos a aplicar el
derecho a los hechos.
III.
En el presente pleito, el Tribunal de Primera Instancia
tenía ante su consideración dos solicitudes de sentencia
sumaria parcial y sus respectivas oposiciones. En la primera,
el Dr. Soler solicitó la aplicación de la Ley Núm. 136-2006,
supra. En la segunda, los demandantes peticionaron que se
declarase que dicha legislación no es aplicable a SIMED ni a
Beazley Group. Dado que las partes recurrieron al mecanismo
de la sentencia sumaria para resolver esta controversia,
conviene aclarar varios aspectos sobre su uso.
Como es alto conocido, el mecanismo de sentencia sumaria
provisto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, permite
a los tribunales disponer parcial o totalmente de litigios
civiles en aquellos casos en los que no exista una controversia
material de hecho que requiera ser dilucidada en un juicio
plenario y el Derecho así lo permita.28 De esta manera, dicho
mecanismo se ha descrito como un medio eficaz para los jueces
27 Proyecto del Senado presentado por la señora González Huertas y el señor
Soto Rivera (Por Petición). Coautores los señores Ruiz Nieves, Torres
Berríos y las señoras González Arroyo, Rosa Vélez y Trujillo Plumey.
Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y
Asuntos del Consumidor.
28 Véanse, León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); Rodríguez García v. UCA,200 DPR 929
, 940 (2018).
CC-2024-0466 25
descartar reclamaciones inmeritorias y descongestionar los
calendarios judiciales.
En el dictamen aquí recurrido, el Tribunal de Primera
Instancia no dispuso de reclamación alguna en la intitulada
“sentencia parcial”, lo allí resuelto no constituye una
adjudicación parcial de la reclamación instada, ni es elemento
de la causa de acción en daños y perjuicios, única reclamación
instada por la parte demandante, aquí peticionaria.29 La “causa
petendi” (causa de pedir) en el derecho procesal, consiste en
los hechos y fundamentos jurídicos que justifican la acción
legal emprendida por una parte en un proceso judicial.
Diccionario de Derecho, Tomo I, Editorial Boch, 2005, pág.
224. Por lo tanto, la controversia presentada por las partes
no era susceptible de ser atendida mediante dicho mecanismo
procesal.30 El dictamen recurrido ante esta Curia constituye
a todas luces una mera resolución interlocutoria.31
De igual manera, hasta en cierta medida, pudiera
considerarse una controversia traída a destiempo por las
29 Reiteradamentehemos resuelto que, una resolución pone fin a un incidente
dentro del proceso judicial, mientras una sentencia pone fin a la
reclamación entre las partes mediante una adjudicación final. Además, en
aquellos casos que entrañan reclamaciones o partes múltiples, el tribunal
puede dictar sentencia parcial sobre una u otra de las reclamaciones sin
necesidad a esperar a que esté en condiciones de dictar sentencia sobre
todas las reclamaciones. U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., 151 DPR 962, 967(2000). Véase Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos,74 DPR 656, 664
(1953). Además, “la Regla 43.5 no es de aplicación cuando un tribunal fracciona los elementos básicos de negligencia y daños. Esto en vista de que, al disponer del primer aspecto, la negligencia, no se resuelve finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse. Dicho dictamen es de carácter interlocutorio. La sentencia no puede ser final por no ser aún ejecutable”. Díaz v. Navieras de P.R.,118 DPR 297, 301
(1987). Véase U.S. Fire Ins.
Co. v. A.E.E., supra, pág. 968.
30 En general, la dificultad mayor que en esta etapa del procedimiento
plantea la resolución recurrida estriba, no solo en el uso incorrecto del
mecanismo de sentencia sumaria, sino en que el remedio declaratorio
solicitado tampoco satisfice el mecanismo de la sentencia declaratoria.
31 Véanse, las Regla 43.1 y 43.5 de las Reglas de Procedimiento Civil,
supra; Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, supra, pág. 664; Díaz v. Navieras
de P.R., supra, págs. 301-302; U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E, supra.
CC-2024-0466 26
partes. La responsabilidad de las aseguradoras, si alguna, de
indemnizar, nace una vez se determine que sus asegurados son
responsables de los daños reclamados. El grado de
responsabilidad por el cual, en su día, podrían responder los
codemandados-asegurados, no figura en nuestro ordenamiento
como uno de los tres elementos constitutivos de una causa de
acción de daños y perjuicios. Más aún, no constituye un
elemento esencial al momento en que el juzgador fija el valor
de la compensación. Adviértase que, una vez determinado por
el tribunal el valor de los daños es entonces que corresponde
aplicar los límites de responsabilidad que nuestra legislación
ha reconocido en varias disposiciones como la Ley Núm. 104,
supra, y la Ley Núm. 136-2006, supra. Nótese que el Artículo
41.050 del Código de Seguros, supra, es claro al indicar que
los límites de responsabilidad que la Ley Núm. 104, supra,
impone, aplicará a los CMAR, sus estudiantes y miembros de
facultad, cuando recaiga sentencia.
Ante este escenario procesal, ello sería de por sí
suficiente para disponer del presente recurso. No obstante,
los argumentos que han esbozado las aseguradoras, amparadas
en el contrato de seguro, ameritan nuestra intervención, dado
el alto grado de interés público que envuelve el negocio de
seguros y su vital importancia en nuestro país.
Como es conocido, al analizar e interpretar la ley los
tribunales debemos considerar cuáles fueron los propósitos
perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y el fin
social que los inspiró. Ello, con el fin, de atribuirle un
sentido lógico que asegure el resultado que originalmente se
CC-2024-0466 27
quiso obtener y suplir posibles deficiencias, solo cuando sea
necesario.
La Ley Núm. 136-2006, supra, creó los CMAR con el fin de
fortalecer y desarrollar los programas de educación para
profesionales de la salud, así como la investigación clínica,
epidemiológica y sociomédica en Puerto Rico.32 A estos centros,
y a los miembros de su facultad, se les extendió el límite de
responsabilidad establecido en la Ley Núm. 104, supra, por
los procedimientos médicos que se lleven a cabo en el ejercicio
de sus funciones académicas y docentes.33 Ahora bien, de la
legislación antes consignada, no surge que las aseguradoras
hayan sido consideradas por la Asamblea Legislativa al aprobar
estas leyes.
En consecuencia, no es posible concluir que el límite de
responsabilidad también les sea aplicable a las aseguradoras,
ya que, de haber sido esa la intención legislativa, así se
habría dispuesto.34 Las leyes aquí examinadas no fueron
aprobadas con el fin de reducir las primas de los seguros a
la clase médica ni a las instituciones de salud.35 Su propósito
está claramente definido en sus respectivas exposiciones de
motivos. El texto de las leyes es claro y no encontramos
32 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 136-2006.
33 Posteriormente, este articulado fue enmendado por la Ley Núm. 94-2023
mediante la cual el legislador determinó la aplicabilidad de los límites
de responsabilidad con mayor especificidad.
34 Distinto a nuestra legislación, la legislación promulgada en el estado
de Luisiana, conocida como Medical Malpractice Act, tuvo como propósito
regular la indemnización total por daños y perjuicios de las víctimas al
establecer límites de responsabilidad, y así reducir las primas de seguro.
Por ello, la Corte Suprema de dicho estado ha permitido que las
aseguradoras invoquen como defensa los límites de responsabilidad
concedidos a sus asegurados. Descant v. Administrators of Tulane
Educational Fund, 639 So. 2d 246 (1994).
35 En el presente caso ni tan siguiera las aseguradoras argumentaron que
la aplicación de los límites de responsabilidad conllevaría un ajuste en
la prima.
CC-2024-0466 28
fundamento alguno que permita lógicamente ultimar lo
contrario.
En el presente caso, tanto el Tribunal de Primera
Instancia como el Tribunal de Apelaciones resolvieron
correctamente que los estatutos invocados, no extienden de
manera expresa los límites de responsabilidad a las
aseguradoras. Como es conocido, aun cuando tenemos la facultad
para interpretar las leyes, su lenguaje claro y explícito no
debe ser tergiversado, malinterpretado ni sustituido.36 Por lo
cual, los argumentos esbozados por las aseguradoras no pueden
ser avalados por este foro, pues no podemos usurpar la función
de legislar, la cual corresponde exclusivamente al Poder
Legislativo.
Por otra parte, la interpretación que las aseguradoras
pretenden dar a las cláusulas de acuerdo de cubierta (coverage
agreements), y que a su vez fue acogida por el Tribunal de
Apelaciones, es contraria al derecho de seguros. De hecho,
evaden su responsabilidad claramente establecida en la póliza
al ofrecer una interpretación incorrecta de una cláusula cuyo
lenguaje es común en todo contrato de seguros.
En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia
concluyó que en las cláusulas, a las que hicieron referencia
las aseguradoras, éstas simplemente se obligaron al pago de
todas las cantidades que en su día el asegurado pueda estar
legalmente obligado a pagar como daños (“[a]ll sums which the
36Véase PR Fast Ferries, et al. v. AAPP, 213 DPR 103 (2023), y casos allí
citados.
CC-2024-0466 29
Insured shall become legally obligated to pay as damages …”).37
No obstante, dicho foro reiteró “que tal disposición
contractual no es contraria a nuestra determinación de que
los límites dispuestos en la Ley 136-2006, supra, no son
oponibles a las aseguradoras, SIMED y Beazley Group”.38 Sin
embargo, el Tribunal de Apelaciones “revocó” dicho dictamen
bajo el errado fundamento de que dicha cláusula es una
exclusión de la póliza, y que los asegurados, es decir, el
Dr. Soler y el Hospital San Lucas, acordaron con las
aseguradoras que solo pagarán hasta el límite de
responsabilidad dispuesto en la Ley Núm. 136-2006, supra.
Incluso, en una contradicción, el foro apelativo advirtió que,
como norma general, las aseguradoras responden hasta el monto
de sus pólizas.
No existe fundamento en derecho, ni en el expediente,
que permita concluir que los asegurados acordaron con las
aseguradoras el que estas respondan hasta las cantidades
dispuestas en la Ley Núm. 104, supra, a saber: $75,000 por
accidente y $150,000 por los daños y perjuicios causados a
más de una persona, o cuando existieran varias causas de acción
a favor de un solo perjudicado, como condición expresa
articulada en las pólizas expedidas a favor del Dr. Soler y
el Hospital San Lucas.
37 Véase apéndice del recurso, pág. 828. La cláusula en la póliza de Beazley
Group dispone que esta se obligó a pagar el monto de la suma neta final
que el asegurado advenga legalmente obligado a pagar por daños y perjuicios
(“… will indemnify the INSURED for that amount of the ULTIMATE NET SUM
PAYABLE which the INSURED shall be legally obligated to pay as damages”).
(Negrilla suplida).
38 Íd. Subrayado en el original.
CC-2024-0466 30
De un examen del expediente surge que la póliza emitida
por SIMED tiene un límite de $100,000 por individuo y $300,000
por agregados, mientras que la póliza de Beazley Group
establece una cubierta de $1,500,000 por incidente y hasta
$6,000,000 por responsabilidad profesional, respectivamente.39
Reiteramos que de los contratos de seguro no surge que dichos
límites de responsabilidad estén sujetos a alguna condición.40
Conforme al derecho antes expuesto, las exclusiones
─distinto a las condiciones─ limitan o excluyen el alcance de
las cubiertas, específicamente excluyendo aquellos riesgos o
peligros de la cubierta general que el asegurador así exprese
en esta parte de la póliza. Por ende, las cláusulas examinadas
por el foro intermedio no son cláusulas de exclusión.
Además, al concluir que dichas cláusulas limitaban la
póliza a los límites establecidos en la Ley Núm. 136-2006,
supra, como parte de un acuerdo entre las partes, el foro
intermedio pasó por alto que, en nuestra jurisdicción, el
contrato de seguros es un contrato de adhesión, cuyas
cláusulas no solo son unilateralmente redactadas por las
aseguradoras, sino que deben ser aprobadas por el Comisionado
de Seguros. El Código de Seguros claramente dispone que:
[l]a responsabilidad del asegurador no excederá de
aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá
determinar no solamente la responsabilidad del
asegurador, sino que también la cuantía de la
pérdida. Artículo 20.030 del Código de Seguros, 26
LPRA sec. 2003.
39Véase apéndice del recurso, págs. 552 y 570.
40Como indicamos, los derechos y obligaciones, tanto del asegurador como
del asegurado en una póliza de seguro, quedan establecidos en la parte
referente a las condiciones. En esta parte, el asegurador condiciona su
obligación indemnizatoria y también expresa cuáles son sus derechos y los
del asegurado.
CC-2024-0466 31
Como adelantamos, hablar de cuantías en el presente caso
es puramente especulativo, ya que aun el foro de primera
instancia no ha celebrado el juicio en su fondo.41
Por lo anterior, erró el Tribunal de Apelaciones al
concluir que las cláusulas en controversia establecen un tope
distinto al acordado en la póliza, y al catalogarlas como
cláusulas de exclusión. Además, las aseguradoras simplemente
pretenden darles a estas cláusulas un sentido distinto al que
siempre han tenido.
La interpretación que sobre las cláusulas intentaron
establecer las aseguradoras, no solo es contrario a la propia
póliza, sino que su redacción, como señaláramos en el derecho
antes consignado, es la típica de estos modelos. La póliza
expedida por SIMED dispone: “all sums which the Insured shall
become legally obligated to pay as damages”. De igual manera,
la póliza de Beazley Group expresa: “… will indemnify the
INSURED for that amount of the ULTIMATE NET SUM PAYABLE which
the INSURED shall be legally obligated to pay as damages”.
En consecuencia, interpretadas globalmente ambas
pólizas, no hay obstáculo alguno para favorecer una
interpretación que haga efectiva la cubierta según fueron
pactadas. Reiteramos que estas cláusulas han sido
interpretadas desde el aspecto de responsabilidad
extracontractual y no en referencia a cantidad alguna. En
suma, la cláusula aquí en controversia sirve para expresar el
requisito de responsabilidad legal necesario para que la
41Nótese que el pago o indemnización es por el valor real de los daños,
los cuales pudieran ser por debajo del máximo pactado en la póliza o
incluso superior.
CC-2024-0466 32
aseguradora responda según los contornos de su póliza. Couch,
op. cit., Vol. 7A, sec. 103:14.
Por otro lado, no conocemos de ninguna ocasión en que la
cláusula haya sido interpretada para referirse a cantidades y
límites específicos por el cual una aseguradora deba responder
que no sean aquellos pactados en la póliza. Además, es
importante recordar que en nuestra jurisdicción los modelos o
formularios de póliza requieren la aprobación del Comisionado
de Seguros, quien tiene la facultad de desaprobar cualquier
cláusula inconsistente, ambigua o con condiciones que afecten
de forma engañosa el riesgo que se pretende cubrir en la
póliza.42
Por último, señalamos una vez más que no existe hecho
alguno que sustente la interpretación que han pretendido las
aseguradoras en el presente caso. La Asamblea Legislativa es
a quien le corresponde hacer la determinación sobre la
extensión a las aseguradoras de los límites de responsabilidad
dispuestos en la Ley Núm. 104, supra, y la Ley Núm. 136-2006,
supra.
En conclusión, el error señalado fue cometido, por lo
que procede modificar la Sentencia dictada por el Tribunal de
Apelaciones y confirmar el dictamen emitido por el Tribunal
de Primera Instancia. El presente caso debe devolverse para
que se celebre el juicio en su fondo a la mayor brevedad
posible. El principio rector que permea todo nuestro
42Véase, además, Appleman, Insurance Law and Practice, Vol. 12, sec. 7005,
ed. 1981, págs. 56-57.
CC-2024-0466 33
ordenamiento procesal es la solución de controversias de una
manera justa, rápida y económica.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, modificamos el
dictamen recurrido en cuanto a que las cláusulas contenidas
en las pólizas, aquí en controversia, no son cláusulas de
exclusión ni constituyen un acuerdo entre el asegurado y la
aseguradora para responder por debajo de los límites
dispuestos en el contrato de seguro, y se confirma en los
demás asuntos. En consecuencia, restablecemos el dictamen
emitido por el Tribunal de Primera Instancia.
Se dictará Sentencia en conformidad.
Camille Rivera Pérez
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Samuel Negrón Castro y otros
Peticionarios
v.
Hiram M. Soler Bernardini, su
esposa Marisol Portilla Delgado
y la Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta por ambos;
CC-2024-0466 Certiorari
Hospital Episcopal San Lucas
Ponce; Bernardo Campos González,
Hospital Español Auxilio Mutuo de
Puerto Rico, Inc.; Beazly Group;
The Medical Protective Company;
SIMED; Puerto Rico Medical
Defense Insurance; John Doe,
Richard Roe
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2025.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,
la cual se hace formar parte de la presente Sentencia,
modificamos el dictamen recurrido en cuanto a que las
cláusulas contenidas en las pólizas, aquí en controversia, no
son cláusulas de exclusión ni constituyen un acuerdo entre el
asegurado y la aseguradora para responder por debajo de los
límites dispuestos en el contrato de seguro, y se confirma en
los demás asuntos. En consecuencia, restablecemos el dictamen
emitido por el Tribunal de Primera Instancia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez emite
Opinión Concurrente.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Samuel Negrón Castro,
y otros
Peticionarios
CC-2024-0466 Certiorari
v.
Hiram M. Soler Bernardini,
y otros
Recurridos
Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 6 de octubre de 2025.
¿Son los límites de responsabilidad establecidos
en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el
Estado, infra, y, por consiguiente, en la Ley de
Centros Médicos Académicos Regionales, infra,
extensivos a las compañías aseguradoras de las
instituciones de salud, o de los profesionales de la
medicina que, de forma directa, se benefician de
éstos? Realizado el estudio de rigor, -- y por
fundamentos, en parte, distintos a los adoptados por
una mayoría de este Tribunal --, desde la concurrencia
contestamos dicha interrogante en la negativa. Veamos
por qué.
CC-2024-0466 2
I.
Los hechos que dan margen al presente litigio no están en
controversia. Por alegados actos constitutivos de impericia
médica, el Sr. Luis S. Negrón Castro (en adelante, “señor
Negrón Castro”),su esposa, la Sra. Sonia E. Lugo Ramos, la
Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, y
sus hijos menores de edad, N.A., V.S. y A.S. (en adelante y
en conjunto, “señora Lugo Ramos”), presentaron ante el
Tribunal de Primera Instancia una Demanda en daños y
perjuicios en contra del Dr. Hiram M. Soler Bernardini, su
esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por
ambos (en adelante y en conjunto, “doctor Soler Bernardini”);
el Hospital Episcopal San Lucas de Ponce (en adelante,
“Hospital San Lucas”); el Dr. Bernardo Campos González (en
adelante, “doctor Campos González”); el Hospital Español
Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc. (en adelante, “Hospital
Auxilio Mutuo”); y sus respectivas compañías aseguradoras,
Beazley Group1 (en adelante, “Beazley”); The Medical
Protective Company (en adelante, “Medical Protective”);2
SIMED;3 y Puerto Rico Medical Defense Insurance4.5
1 Compañía aseguradora del Hospital San Lucas.
2 Compañía aseguradora del Hospital Auxilio Mutuo.
3 Compañía aseguradora del doctor Soler Bernardini.
4 Compañía aseguradora del doctor Campos González.
5 A grandes rasgos, en el referido documento se alegó que, luego de que
el señor Negrón Castro comenzara a sentir molestias abdominales, el doctor
Soler Bernardini le removió la vesícula en el Hospital San Lucas. Los
demandantes atribuyeron a dicho procedimiento las posteriores
complicaciones de salud que sufrió el señor Negrón Castro, las cuales
requirieron de una segunda intervención quirúrgica llevada a cabo, en esa
ocasión, por el doctor Campos González en el Hospital Auxilio Mutuo.
CC-2024-0466 3
Enterados de lo anterior, oportunamente, y por separado,
el doctor Soler Bernardini, el Hospital San Lucas y el Hospital
Auxilio Mutuo presentaron sus contestaciones a la demanda.6 En
síntesis, el referido galeno y las mencionadas instituciones
hospitalarias negaron incurrir en negligencia al brindar
tratamiento médico y hospitalario al señor Negrón Castro. En
la alternativa, y de entender el foro primario que éstos eran
responsables, adujeron que le eran de aplicación los límites
de responsabilidad establecidos en la Ley Núm. 136-2006,
también conocida como la Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 10031 et seq. (en
adelante, “Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales”).
Por su parte, y también por separado, las compañías
aseguradoras, SIMED, Beazley y Medical Protective, contestaron
la Demanda instada en su contra por la señora Lugo Ramos, y
alegaron que, entre otras cosas, de en su día, determinarse
que sus asegurados eran responsables por impericia médica u
hospitalaria, éstas responderían conforme a las condiciones y
términos de sus respectivos contratos de seguros.
Más adelante en el litigio, y, en parte, en lo pertinente
a la controversia que nos ocupa, el doctor Soler Bernardini
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción
Cabe destacar que, el 5 de julio de 2021, mientras se tramitaba la causa
de epígrafe, el señor Negrón Castro falleció. A tales efectos, la señora
Lugo Ramos presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Demanda
enmendada.
6 Toda vez que el doctor Campos González había radicado una petición de
quiebras ante el Tribunal federal, el foro primario ordenó paralizar los
procedimientos contra éste.
CC-2024-0466 4
solicitando sentencia sumaria parcial, en la cual argumentó
que el foro primario debía establecer que a éste le eran de
aplicación los límites de responsabilidad establecidos en la
Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales, supra.7 Dicha
solicitud fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia.
Así las cosas, meses más tarde, el doctor Soler Bernardini
replicó dicho pedido al foro primario mediante una Segunda
moción solicitando se dicte[ase] sentencia parcial sobre los
límites aplicables al caso […]. En particular, en el referido
documento, el galeno en cuestión arguyó que, durante el
tratamiento médico brindado al señor Negrón Castro en el
Hospital San Lucas, intervinieron estudiantes y médicos en
entrenamiento de la residencia en cirugía, por lo que, del
Tribunal de Primera Instancia determinar algún tipo de
responsabilidad monetaria atribuible a éste, le serían de
aplicación las cuantías máximas establecidas en la Ley Núm.
104 de 29 de junio de 1955, también conocida como la Ley de
reclamaciones y demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077
et seq. (en adelante, “Ley de pleitos contra el Estado”), y,
por consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales, supra. A dicha solicitud, se unieron el Hospital
San Lucas y Beazley.
De otra parte, y luego de varios incidentes procesales no
necesarios aquí pormenorizar, la señora Lugo Ramos también
presentó ante el foro primario una Moción solicitando
7 SIMED se unió a dicha moción y solicitó que se le hicieran extensivos
los argumentos planteados por su asegurado.
CC-2024-0466 5
sentencia sumaria parcial. En ésta, la señora Lugo Ramos
solicitó al Tribunal de Primera Instancia que, mediante
sentencia, resolviese que SIMED y Beazley, -- por ser éstas
compañías aseguradoras --, no podían beneficiarse de los
límites de responsabilidad dispuestos en la Ley de Pleitos
contra el Estado, supra, y, por consiguiente, en la Ley de los
Centros Médicos Académicos Regionales, supra.
En respuesta a la moción de sentencia sumaria parcial
presentada por la señora Lugo Ramos, SIMED presentó, ante el
foro primario, una Moción […] en oposición a solicitud de
sentencia sumaria parcial de la parte demandante, en la cual
argumentó que las compañías aseguradoras solo están expuestas
a responder hasta el grado de responsabilidad de sus
asegurados. A juicio de SIMED, los límites de responsabilidad,
-- como los establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado,
supra, y, por consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos
Académicos Regionales, supra --, no son una defensa personal
de los asegurados; más bien, son una limitación al grado de
responsabilidad de estos últimos, lo cual, a su vez, es
determinante a los fines de delimitar la obligación que pueda
imponérsele a sus aseguradoras. Oportunamente, en un escrito
separado, el Hospital San Lucas y su aseguradora, Beazley, se
unieron en lo explicado ante el Tribunal de Primera Instancia
por SIMED, y aprovecharon la oportunidad para incluir en su
comparecencia ante el foro primario copia del contrato de
seguro firmado por ambas entidades.
CC-2024-0466 6
En lo que respecta al contrato de seguro que el Hospital
San Lucas y su compañía aseguradora, Beazley, unieron al
escrito presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, éstos
expresaron que, -- y en lo relacionado a controversias como
las que hoy nos ocupan --, el mismo contenía una cláusula que
limitaba la responsabilidad de la aseguradora hasta aquella
que fuese responsable el asegurado. En particular, la referida
cláusula contractual establecía lo siguiente:
INSURING AGREEMENTS
1. COVERAGE: Medical Professional Liability
In the event that a claim or claims are first made,
in writing, against the INSURED during the period
of the Policy, and notified in accordance with the
Reporting and Claims Handling Condition of this
Policy, and provided such claim or claims arise the
Retroactive Date set forth in Item 6 of the
Declarations, Underwriters will indemnify the
INSURED for that amount of the ULTIMATE NET SUM
PAYABLE which the INSURED shall be legally obligated
to pay as damages […]. (Énfasis suplido). Apéndice
del Certiorari, pág. 593.
Conforme a lo dispuesto en la precitada cláusula, el
Hospital San Lucas, y su compañía aseguradora, Beazley,
argumentaron ante el foro primario que los límites de
responsabilidad establecidos en la Ley de Pleitos con el
Estado, supra, y, por consiguiente, en la Ley de los Centros
Médicos Académicos Regionales, supra, le aplicaban a esta
última de forma indirecta, al estar obligada a responder hasta
el grado de responsabilidad que tuviera que resarcir el
Hospital San Lucas.8
8 Cabe destacar que SIMED y el doctor Soler Bernardini habían suscrito una
póliza de seguros que contenía una cláusula similar a la convenida entre
CC-2024-0466 7
Evaluadas las solicitudes de sentencia sumaria parcial
ante su consideración, así como las respectivas oposiciones,
el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia parcial,
mediante la cual determinó, en primer lugar, que los límites
de responsabilidad aquí invocados, -- entiéndase, los
establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado, supra, y,
por consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales, supra --, le eran solo de aplicación al doctor
Soler Bernardini y al Hospital San Lucas. Lo anterior, pues se
había demostrado que: (1) el doctor Soler Bernardini era el
“Instructor” de los estudiantes de residencia en cirugía que
intervinieron en el tratamiento del señor Negrón Castro en el
Hospital San Lucas, y (2) que la mencionada institución
hospitalaria era un Centro Médico Académico Regional, de
conformidad con lo establecido en la Ley de los Centros Médicos
Académicos Regionales, supra.
En segundo lugar, el foro primario entendió que a las
compañías aseguradoras de los profesionales de la medicina a
los que hemos hecho referencia no les eran extensivos los
límites de responsabilidad invocados por éstas, toda vez que
el Hospital San Lucas y Beazley. Es decir, una cláusula que establecía que
SIMED solo sería responsable hasta la cantidad que el doctor Soler
Bernardini estuviera obligado a pagar en daños por impericia médica. En
específico, la referida cláusula leía de la siguiente forma:
I. Coverage Agreements
The Syndicate will pay on behalf of the Insured with respect
only to his practice within the Commonwealth of Puerto Rico:
Coverage A- Individual Professional Liability
All Sums which the Insured shall become legally obligated to
pay as damages because of injury to which this policy applies
caused by medical incident […] (Énfasis suplido). Apéndice del
Certiorari, pág. 554.
CC-2024-0466 8
dichos límites solo protegen a los y las estudiantes de
medicina y miembros de la facultad médica docente que trabajen
en un Centro Médico Académico Regional, más no a médicos u
otro personal de un hospital que no fuese parte del programa
académico. Sobre este extremo, el Tribunal de Primera
Instancia concluyó que la Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales, supra, establece una protección personalísima para
los doctores docentes laborando en estos centros.
Inconforme con lo sentenciado por el foro primario,
mediante Moción bajo las Reglas 43.1 y 47 de Procedimiento
Civil, SIMED solicitó al Tribunal de Primera Instancia que
enmendase y reconsiderase el dictamen emitido en la causa de
epígrafe. A este pedido, se unió el Hospital San Lucas y
Beazley.
Empero, a pesar de que enmendó las determinaciones de
hechos para acoger un hecho incontrovertido adicional, el foro
primario se sostuvo en su determinación respecto a la
inaplicabilidad de los límites de responsabilidad establecidos
en la Ley de Pleitos contra el Estado, supra, y, por
consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales, supra, a las compañías aseguradoras aquí
demandadas.
En desacuerdo todavía, el Hospital San Lucas y, su
compañía aseguradora, Beazley, presentaron ante el Tribunal de
Apelaciones un recurso de Apelación.9 En el mismo, y en
esencia, señalaron que el foro primario había errado al
9 Dicho recurso fue identificado como KLAN202300984.
CC-2024-0466 9
resolver que los límites de responsabilidad establecidos en la
Ley de Pleitos contra el Estado, supra, y, por consiguiente,
en la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales, supra,
no son extensivos a las compañías aseguradoras de los
profesionales de la medicina que de forma directa se benefician
de ellos. Asimismo, alegaron que el Tribunal de Primera
Instancia había errado al ignorar las cláusulas contractuales
contenidas en la póliza de seguro acordada entre estas
entidades, que limitaban su responsabilidad hasta aquella que
fuese responsable el asegurado. Con fundamentos similares,
SIMED también presentó ante el foro apelativo intermedio un
Escrito de Apelación.10
Consolidados ambos recursos, y evaluados los alegatos de
las partes, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia,
mediante la cual revocó la Sentencia parcial emitida por el
foro primario. En síntesis, el foro apelativo intermedio
razonó que, si bien los límites de responsabilidad aquí
levantados, -- entiéndase, los establecidos en la Ley de
Pleitos contra el Estado, supra, y, por consiguiente, los
dispuestos en la Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales, supra --, son solo de aplicación a los Centros
Médicos Académicos Regionales y a los profesionales de salud
que laborasen en dichos centros, en el presente caso existían
ciertas cláusulas contractuales entre las partes que llegaban
a igual resultado en cuanto a SIMED y Beazley, entiéndase que
10 Se le asignó la referencia KLAN202300987.
CC-2024-0466 10
las compañías aseguradoras responderían solo por las
cantidades que sus asegurados estuviesen llamados a resarcir.
Insatisfecha con el dictamen emitido por el Tribunal de
Apelaciones, la señora Lugo Ramos acudió ante este Tribunal
mediante una petición de Certiorari. En la misma, ésta señala
que el foro apelativo intermedio erró al resolver que, en el
presente caso, las compañías aseguradoras de las instituciones
hospitalarias, y de los profesionales de la salud aquí
demandados, solo responderían por aquellas cantidades, si
alguna, que sus aseguradoras fuesen responsables ante los
demandantes, según fue pactado en determinadas pólizas de
seguro otorgadas entre éstas y éstos. A juicio de la señora
Lugo Ramos, lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones choca
con los principios de superior jerarquía dispuestos en los
Art. 20.030 y 20.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957,
también conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26
LPRA secs. 2003 y 2004 (en adelante, “Código de Seguros”), por
lo que solicita que tal determinación sea revocada.
A dicha solicitud, y bajo argumentos similares a los
expuestos en el foro primario y apelativo intermedio, SIMED,
Beazley y el Hospital San Lucas se opusieron. En síntesis,
éstos argumentan que los contratos de seguros aquí otorgados
entre las compañías aseguradoras y sus asegurados establecían
que, en casos como estos, las aseguradoras serían responsables
hasta la cantidad, si alguna, que su asegurado estuviese
obligado a pagar.
CC-2024-0466 11
Trabada así la controversia, y con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, una mayoría de mis compañeras
y compañeros de estrado determinan que los límites de
responsabilidad dispuestos en la Ley de los Centros Médicos
Académicos Regionales, supra, no son extensivos a las
aseguradoras. Asimismo, concluyen que la cláusula contractual
en cuestión no constituye una cláusula de exclusión. Con este
dictamen, como mencionamos, concurrimos.
II.
A.
Como es sabido, en Puerto Rico, el Estado goza de aquello
que se conoce como inmunidad soberana. ELA v. El Ojo de Agua
Development, Inc., 205 DPR 502, 515 (2020); Defendini Collazo v. ELA,134 DPR 28, 47
(1993); Porto Rico v. Rosaly,227 US 270, 273
(1913). En esencia, ello se refiere a que este último no puede ser demandado si no presta su consentimiento. Casillas Carrasquillo v. ELA,209 DPR 240
, 247 (2022); ELA v. El Ojo de
Agua Development, Inc., supra; Defendini Collazo v. ELA,
supra.
Sobre este aspecto, es menester señalar que, allá para el
año 1955, con la aprobación de la Ley de Pleitos contra el
Estado, supra, nuestra Asamblea Legislativa decidió ceder, de
manera parcial, y en determinados escenarios, la inmunidad
soberana que éste ostenta. Casillas Carrasquillo v. ELA,
supra, pág. 248; ELA v. El Ojo de Agua Development, Inc., supra
pág. 516; Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549, 556 (2007).
Particularmente, y en lo pertinente a la causa de epígrafe, en
CC-2024-0466 12
virtud del precitado estatuto, el Estado consintió a ser
demandado en daños y perjuicios por actuaciones y omisiones
culposas o negligentes de sus funcionarios, empleados o
agentes, en el desempeño de sus funciones. Art. 2(a), Ley de
Pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077; Casillas
Carrasquillo v. ELA, supra; Defendini Collazo v. ELA, supra,
pág. 49; Berríos Román v. ELA, supra.
Ahora bien, siendo este consentimiento una excepción a la
inmunidad gubernamental de la cual goza el Estado, la Asamblea
Legislativa lo acompañó de una serie “de limitaciones y
salvaguardas procesales que rigen la forma en que un
perjudicado podrá reclamar indemnización del soberano.”
Berríos Román v. ELA, supra. Una de estas limitaciones y
salvaguardas procesales lo fue el establecer unos topes de
responsabilidad de los cuales el Estado se beneficiará cuando
advenga en su contra una sentencia por daños y perjuicios.
En esa dirección, el Art. 2(a) de la Ley de Pleitos contra
el Estado, infra, el cual regula los límites de responsabilidad
del Estado, dispone lo siguiente:
(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o
a la propiedad hasta la suma de setenta y cinco
mil (75,000.00) dólares causados por acción u
omisión de cualquier funcionario, agente o
empleado del Estado, o cualquier otra persona
actuando en capacidad oficial y dentro del marco
de su función, cargo o empleo interviniendo
culpa o negligencia; o acciones por daños y
perjuicios por alegados actos de impericia
médico hospitalaria a los profesionales de la
salud que laboren en las áreas de obstetricia,
ortopedia, cirugía general o trauma
exclusivamente en instituciones de salud pública
propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o
municipios, independientemente de si dichas
CC-2024-0466 13
instituciones están administradas u operadas por
una entidad privada; [c]uando por tal acción u
omisión se causaran daños y perjuicios a más de
una persona, o cuando sean varias las causas de
acción a que tenga derecho un solo perjudicado,
la indemnización por todos los daños y
perjuicios que causare dicha acción u omisión
no podrá exceder de la suma de ciento cincuenta
mil (150,000.00) dólares.(Énfasis suplido). 32
LPRA sec. 3077.
Como se puede apreciar, de la precitada disposición legal
claramente se desprende que son contadas las instancias en las
que el Estado será responsable en daños y perjuicios. Y cuando
lo sea, solo será responsable hasta la suma de $75,000.00, o
hasta la cantidad de $150,000.00 de existir varias causas de
acción o varios perjudicados.
Sobre esto último, cabe señalar que este Tribunal ha
caracterizado tales límites estatutarios como una defensa
personal del Estado y sus municipalidades, por lo que solo
pueden ser aplicados a la porción de la deuda por la cual estas
partes sean responsables. Véase, Quílez-Velar et al. v. Ox
Bodies, Inc., 198 DPR 1079, 1089 (2017). Puesto de otra forma,
los límites de responsabilidad de la Ley de Pleitos contra el
Estado, supra, como regla general, solo le son aplicables al
beneficiario personal, -- a saber, el Estado --, y no a
terceras partes.
B.
Ahora bien, dicho ello, es menester señalar que, a modo
de excepción, nuestra Asamblea Legislativa, dentro de sus
prerrogativas constitucionales y en aras de fortalecer un
interés público en particular, ha decidido extender tales
límites establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado,
CC-2024-0466 14
supra, a ciertos entes privados que desempeñan determinadas
funciones públicas.11 En esa dirección, mediante la Ley de los
Centros Médicos Académicos Regionales, supra, los límites de
responsabilidad antes mencionados fueron extendidos a los
Centros Médicos Académicos Regionales y a su personal médico-
docente.
En particular, el precitado estatuto define a los Centros
Médicos Académicos Regionales como un “[c]onjunto de uno o más
hospitales, facilidades de salud, grupos médicos y programas
de formación y entrenamiento de profesionales de la salud
relacionados a una Escuela de Medicina acreditada, cuya misión
es la educación, investigación y provisión de servicios de
salud.” Art. 3, Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales, 24 LPRA sec. 10031(b). Estos centros, conforme a
lo dispuesto en ley, funcionan como entidades independientes
sin fines de lucro, separados de cualquier otra agencia o
instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; no obstante, en lo relacionado a sus servicios de
salud, trabajan en coordinación con el Departamento de Salud
de Puerto Rico. Art. 4, Ley de los Centros Médicos Académicos
Regionales, 24 LPRA sec. 10032. Asimismo, los Centros Médicos
Académicos Regionales tienen personalidad jurídica propia y
separada de todo funcionario del Gobierno de Puerto Rico y sus
agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y
11A modo de ejemplo, la Ley Núm. 53 de 26 de mayo de 2020 extendió a los
profesionales de la salud, que laboraran en instituciones privadas, los
límites de responsabilidad de la Ley de Pleitos contra el Estado, supra,
en casos de daños y perjuicios por actos de impericia médico-hospitalaria
durante la pandemia del COVID-19.
CC-2024-0466 15
subdivisiones. Íd. En fin, estos centros son entidades
privadas creadas por la Asamblea Legislativa para asistir al
Estado en sus funciones públicas.
En cuanto a los límites de responsabilidad aplicables a
los Centros Médicos Académicos Regionales, el Art. 7 de su ley
habilitadora establece que serán los mismos que cobijan al
Estado. Específicamente, y al momento de los hechos aquí en
controversia, el mencionado artículo rezaba de la siguiente
manera:
Se extenderán las limitaciones impuestas en la
[Ley de pleitos contra el Estado, supra] a los
Centros Médicos Académicos Regionales, estudiantes,
médicos en adiestramiento postgraduado y miembros
de facultad de los mismos, por los procedimientos
médicos que se lleven a cabo en dichos Centros en
el ejercicio de sus funciones docentes. Dicha
limitación establece un máximo de $75,000 por los
daños sufridos por una persona y hasta $150,000
cuando los daños y perjuicios se le causaron a más
de una persona, o cuando sean varias las causas de
acción a que tenga derecho un solo perjudicado.
Además, se extenderá al consorcio lo estipulado en
el quinto párrafo del Artículo 41.050 del Código de
Seguros de Puerto Rico. (Énfasis suplido). 24 LPRA
sec. 10035.
Dicho ello, para entender por qué los miembros de la
Asamblea Legislativa, -- de manera excepcional --, decidieron
extender los límites estatutarios de la Ley de Pleitos contra
el Estado, supra, a los Centros Médicos Académicos Regionales
y a su personal médico-docente, es importante conocer la
naturaleza y labor de estos centros. Procedemos, pues, a ir
sobre ello.
C.
De entrada, y sobre el particular, es menester comenzar
señalando que la creación de los Centros Médicos Académicos
CC-2024-0466 16
Regionales, por parte de nuestra Asamblea Legislativa,
persigue trabajar con varios intereses públicos que se
relacionan entre sí. Estos son: (1) reconocer la
responsabilidad del Estado en la educación profesional de la
salud; en específico, en la educación médica y en estimular el
desarrollo de la docencia, la investigación clínica,
epidemiológica y sociomédica, y servicios en ciencias de la
salud;12 (2) fortalecer y desarrollar un sistema integrado de
salud pública; (3) ofrecer y brindar servicios de salud costo
efectivos, accesibles y de buena calidad a todas las personas
por igual, independientemente de su raza, sexo, creencias
religiosas y políticas; (4) fortalecer y desarrollar los
programas de educación para los profesionales de la salud; y
(5) estimular el desarrollo investigativo y ofrecer servicios
de salud, entre otros fines. Arts. 2 y 5, Ley de los Centros
Médicos Académicos Regionales, 24 LPRA sec. 10031 nota y
10033.13
12En Rodríguez Figueroa v. Centro de Salud Mario Canales Torresola, 197
DPR 876, 882 (2017) establecimos que los Centros Médicos Académicos
Regionales tenían el propósito de ser utilizados para desarrollar programas
de internado y residencia para los profesionales de la salud en práctica.
Véase, además, Exposición de Motivos, Ley Núm. 103 de 27 de junio de 2011
(en adelante, “Ley Núm. 103-2011”). Asimismo, señalamos que, con la
creación de este tipo de centros, se pretendía evitar poner en riesgo las
acreditaciones de los programas existentes y evitar el éxodo de
profesionales de la salud. Íd.
13 Recientemente, mediante la Ley Núm. 94 de 8 de agosto de 2023 (en
adelante, “Ley Núm. 94-2023”), el Legislador y la Legisladora reafirmaron
los propósitos que cumplen los Centros Médicos Académicos Regionales en
nuestro País. Ello, al expresar que, a través de la ley que los crea, se
“ha logrado el objetivo de mantener e incrementar el número de médicos
docentes que colaboran en los programas de enseñanza, así como aumentar
los médicos residentes y aumentar los programas de residencia en Puerto
Rico.” Exposición de Motivos, Ley Núm. 94-2023, supra. Además, se
identificó que gracias a estos centros se lograron añadir residencias e
internados adicionales, aumentando así el número de practicantes médicos
en nuestro País. Íd.
CC-2024-0466 17
A esos efectos y reconociendo que para lograr lo anterior
era necesario proteger a su personal médico-docente, es que la
Asamblea Legislativa decidió extenderle a este tipo de centro
los límites de responsabilidad civil que, en determinados
escenarios, cobijan al Estado. El éxito de estos centros y su
buen funcionamiento “dependerá en gran medida de que se les
extienda a [éstos] los límites de responsabilidad civil por
impericia profesional médico-hospitalaria (“malpractice”), a
los que está sujeto el Gobierno de Puerto Rico”, sentenció el
legislador y la legisladora. Exposición de Motivos, Ley Núm.
103 de 27 de junio de 2011.
Siendo ello así, es forzoso concluir que, el carácter
personalísimo de la defensa de los límites de responsabilidad
estatutarios cobra mayor visibilidad en lo relacionado a los
Centros Médicos Académicos Regionales. Lo anterior es así,
puesto que, la extensión excepcional de dichos límites a estos
centros se basó, precisamente, en su peculiaridad y en la
necesidad de que les protegiera tal beneficio para su mejor
funcionamiento, a la luz de las tareas que están llamados a
realizar.
Ahora bien, ¿les beneficiaría igualmente la extensión de
dichos límites de responsabilidad gubernamental a las
compañías aseguradoras de estos centros y/o de sus médicos-
docentes? A nuestro juicio, no. Explicamos por qué.
CC-2024-0466 18
III.
A.
Como se sabe, y en lo relacionado a los asuntos aquí bajo
estudio, la relación entre los Centros Médicos Académicos
Regionales y sus compañías aseguradoras es una que está
regulada por el Código de Seguros, 26 LPRA sec. 101 et seq. En
dicho cuerpo legal es que se exige a cualquier institución
hospitalaria o profesional de servicios de salud a, en el
desempeño de sus funciones, tener un seguro de responsabilidad
médico-hospitalaria.
En esa dirección, el Código de Seguros, supra, define el
concepto de seguro de responsabilidad profesional médico-
hospitalaria como: “la cubierta de seguros de responsabilidad
profesional para cubrir riesgos de daño por culpa o negligencia
por impericia profesional (malpractice) para profesionales de
servicios de salud e instituciones de cuidado de salud que se
establece en este capítulo”. Art. 41.010, Código de Seguros,
26 LPRA sec. 4102(7).14 Sobre el alcance de este tipo de seguro,
el Art. 41.050 del Código de Seguros, infra, al momento de la
presentación de la demanda que hoy nos ocupa, establecía, lo
siguiente:
14En el pasado, hemos reconocido que los contratos de seguro gozan de un
alto interés público por su importancia, complejidad y efecto en la
economía y la sociedad. Birriel Colón v. Econo y otros, 213 DPR 80, 92 (2023); Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S,210 DPR 344
, 357 (2022); San Luis Center Apts. et al. v. Triple-S,208 DPR 824
, 831 (2022); Maderas Tratadas v. Sun. Alliance,185 DPR 880
, 896 (2012). Este alto interés público es aún más evidente en cuanto a los seguros de responsabilidad médico-hospitalaria, pues éstos posibilitan la solvencia de los profesionales e instituciones de cuidado de la salud en beneficio de los pacientes afectados por actos de impericia profesional. Jiménez López v. SIMED,180 DPR 1
, 9 (2010); Acevedo Mangual v. SIMED,176 DPR 372
, 385
(2009).
CC-2024-0466 19
Todo profesional de servicios de salud e
institución de cuidado de salud deberá radicar
anualmente prueba de su responsabilidad financiera
por la cantidad de cien mil (100,000) dólares por
incidente o hasta un agregado de trescientos mil
(300,000) dólares por año. El Comisionado podrá
requerir límites hasta un máximo de quinientos mil
(500,000) dólares por incidente médico y un
agregado de un millón (1,000,000) de dólares por
año, en los casos de instituciones de cuidado de
salud y de aquellas clasificaciones tarifarias de
profesionales de servicios de salud dedicados a la
práctica de especialidades de alto riesgo, previa
celebración de vistas públicas en las que tales
profesionales e instituciones o cualquier otra
persona interesada tengan la oportunidad de
comparecer a expresar sus puntos de vista sobre el
particular y a presentar cualquier información,
documentos o estudios para sustentar su posición.
Están exentos de esta obligación aquellos
profesionales de servicios de salud que no ejercen
privadamente su profesión y trabajan exclusivamente
como empleados de instituciones de cuidado de salud
privadas, siempre y cuando estuvieren cubiertos por
la prueba de responsabilidad financiera de estas.
También están exentos de esta obligación los
profesionales de servicios de salud que presten
servicios exclusivamente como empleados,
funcionarios, agentes, consultores o contratistas
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, sus dependencias, instrumentalidades y
municipios, siempre que no ejerzan privadamente su
profesión. Están exentas, además, las instituciones
de cuidado de salud que pertenezcan y sean operadas
o administradas por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades
y municipios.
[…]
Se aplicarán los límites de responsabilidad que [la
Ley de Pleitos contra el Estado], impone al Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, en similares
circunstancias, en los siguientes escenarios:
[…]
(7) a los Centros Médicos Académicos Regionales
de Puerto Rico, sus estudiantes y miembros de
facultad cuando recaiga sentencia por actos
constitutivos de impericia médica hospitalaria
(malpractice) cometida por sus estudiantes y
miembros de su facultad en el desempeño de sus
CC-2024-0466 20
funciones docentes […] (Énfasis suplido). 26 LPRA
sec. 4105.
Es decir, de conformidad con la normativa antes expuesta,
todo profesional de la salud, así como toda institución
hospitalaria, deberá adquirir anualmente un seguro de
responsabilidad médico-hospitalaria por la cantidad de cien
mil dólares ($100,000.00) por incidente o por un agregado de
trescientos mil dólares ($300,000.00) por año. Tal requisito,
-- entiéndase, el de adquirir un seguro de responsabilidad
médico-hospitalaria anualmente --, aplicará a los Centros
Médicos Académicos Regionales y a su personal médico-docente,
quienes serán beneficiarios de los límites de responsabilidad
establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado, supra,
cuando recaiga, contra alguno de éstos, una sentencia por actos
constitutivos de impericia cometida por alguno de los miembros
de su facultad médica, o de sus estudiantes, en el desempeño
de sus funciones.
Hasta el momento, y como se puede apreciar, la legislación
objeto de estudio nada dispone respecto a la aplicación de los
límites de responsabilidad a las compañías aseguradoras de los
Centros Médicos Académicos Regionales y sus médicos-docentes.
Estamos, pues, ante un silencio en el derecho que nos llama a
atribuirle significado a ese hecho. E. Rivera Ramos, El derecho
y el silencio, 15 Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg. 6, 14
(2017).
CC-2024-0466 21
B.
Sabido es que, en esa tarea, -- es decir, en la evaluación
de una ley que guarda silencio sobre cierto asunto --, los
jueces y juezas deben determinar si tal silencio corresponde
a una laguna involuntaria por parte de nuestra Asamblea
Legislativa o si, por el contrario, estamos ante una omisión
intencional por parte de ésta. Acevedo Arocho v. Departamento
de Hacienda, 212 DPR 335, 358 (2023); J.M. Farinacci Fernós,
Hermenéutica puertorriqueña: Cánones de interpretación
jurídica, San Juan, Editorial, InterJuris, 2019, pág. 156. Al
adentrarse en esa tarea, el jurista o la jurista debe, en
primer lugar, recurrir al texto del estatuto. Íd. En segundo
lugar, al historial legislativo. Íd.
Realizado el ejercicio antes mencionado, de determinarse
que se trata de una omisión intencional, lo que procede es dar
fiel cumplimiento a la voluntad legislativa y, en
consecuencia, no añadir lo omitido. Acevedo Arocho v.
Departamento de Hacienda, supra; Farinacci Fernós, op. cit.,
pág. 156. Es decir, en esas ocasiones, no nos queda más que
tomar en cuenta el hecho del silencio sobre ese particular
como indicación de la intención del creador de la norma.15
Rivera Ramos, supra, pág. 14.
15A modo de ejemplo, cuando la Asamblea Legislativa opta por mencionar o
aclarar alguna cosa, palabra o concepto específico, se entienden excluidas
aquellas que no fueron mencionadas. Acevedo Arocho v. Departamento de
Hacienda, supra.
CC-2024-0466 22
C.
Habiendo realizado el ejercicio de interpretación
hermenéutica antes señalado, en lo relacionado a las
disposiciones legales aquí bajo análisis, podemos concluir que
el excluir a las compañías aseguradoras de los Centros Médicos
Académicos Regionales y/o del personal médico-docente que allí
labora, como beneficiarias de los límites de responsabilidad
aplicables al Estado, es una omisión voluntaria por parte de
nuestra Asamblea Legislativa. Dos son las razones que nos hacen
llegar a esa conclusión.
En primer lugar, en varias ocasiones, la Asamblea
Legislativa se ha dado la tarea de aclarar a quiénes les
aplican los topes de responsabilidad de la Ley de los Centros
Médicos Académicos Regionales, supra, y nunca ha decidido
extender expresamente dichos límites a las compañías
aseguradoras de quienes se beneficien directamente de éstos.16
Ello, por sí solo, sería suficiente para disponer, en parte,
del asunto ante nuestra consideración.
Ahora bien, como si lo anterior no fuese suficiente, un
estudio detenido de las disposiciones del Código de Seguros,
supra, también nos lleva a la misma conclusión. En particular,
el Art. 20.030 de la referida disposición legal, establece que
cuando se inste acción directa contra una aseguradora, ésta
estará impedida de interponer aquellas defensas personales de
16 Véase, enmiendas realizadas a la Ley de Centros Médicos Académicos
Regionales, supra, y al Código de Seguros, supra, a través de la Ley Núm.
103-2011, supra y la Ley Núm. 94-2023, supra.
CC-2024-0466 23
su asegurado. 26 LPRA sec. 2003.17 De igual manera, el Art.
20.050 del Código de Seguros, establece una prohibición
expresa a que las aseguradoras puedan levantar para su
beneficio las defensas de inmunidad gubernamental de sus
asegurados. 26 LPRA sec. 2004.18
17 En específico, el mencionado artículo dispone:
Artículo 20.030. — Litigios contra Asegurado, Asegurador.
[…]
(2) En una acción directa incoada por la persona que sufriere
los daños y perjuicios contra el asegurador, éste está impedido
de interponer aquellas defensas del asegurado basadas en la
protección de la unidad de la familia u otras inmunidades
similares que estén reconocidas en el ordenamiento jurídico de
Puerto Rico. […] (Énfasis suplido). 26 LPRA sec. 2003.
Cónsono con lo anterior, en el pasado hemos resuelto que las aseguradoras
están impedidas de interponer aquellas defensas puramente personales del
asegurado. Rodríguez v. Integrand Assurance Company, 196 DPR 382, 393(2016); Torres Pérez v. Colón García,105 DPR 616, 627
(1977); Cortés Román v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico,106 DPR 504, 506
; Vázquez v. Northern Assurance Co.,92 DPR 245, 253
(1965).
18 Sobre el particular, el precitado artículo expresa:
Artículo 20.050. — Seguro de Responsabilidad Sobre Entidades
Públicas.
(1) La obtención de un seguro de responsabilidad por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias o entidades,
y por los municipios y otras subdivisiones políticas, no
constituirá ni se estimará que constituye una renuncia de
inmunidad gubernamental, si la hubiere, en la responsabilidad
por actos u omisiones en que hubiere mediado culpa o
negligencia por agentes y empleados públicos, excepto hasta el
grado de la indemnización cobrable real y efectivamente
provista por dicho seguro en cuanto a un suceso en particular.
Sin embargo, no se considerará que existe tal renuncia de
inmunidad en cuanto a ninguna reclamación o demanda contra tal
entidad pública, a menos que dicha entidad renuncie
expresamente a la inmunidad.
(2) Todas dichas pólizas de seguro deberán disponer que el
asegurador no podrá aducir la defensa de inmunidad
gubernamental en ninguna acción incoada contra el asegurador
con arreglo a dicha póliza o en virtud de la misma.
(3) El asegurador no tendrá ningún derecho de subrogación
contra ninguna entidad gubernamental, ni sus agentes o
empleados, asegurados con arreglo a dicha póliza, en virtud de
pérdida pagada por el asegurador de acuerdo a la misma. Sin
embargo, se dispone que de existir otro seguro de
responsabilidad cobrable provisto por otro asegurador, el
CC-2024-0466 24
Por tanto, hasta aquí, queda meridianamente claro que los
límites de responsabilidad establecidos en la Ley de Pleitos
contra el Estado, supra, y, por consiguiente, en la Ley de los
Centros Médicos Académicos Regionales, supra, no aplican a las
compañías aseguradoras de los Centros Médicos Académicos
Regionales y/o al personal médico-docente que se benefician de
forma directa de esta defensa.19
Establecido lo anterior, ¿cuál sería el efecto, entonces,
de una cláusula en una póliza de seguros que intenta evadir el
cumplimiento con el mencionado ordenamiento jurídico, al
permitir que la compañía aseguradora restrinja, -- sin hacer
excepción alguna --, su responsabilidad hasta los límites de
asegurador podrá subrogarse contra este otro asegurador.
(Énfasis suplido). 26 LPRA sec. 2004.
19 Sobre el particular, véase, de manera persuasiva, lo resuelto en
Rodríguez v. Maryland Casualty Co., 369 F. Supp. 1144 (DPR 1971), un caso
de impericia médica llevado directamente contra la aseguradora de un
hospital municipal, al cual, en aquel momento, le aplicaba un límite de
responsabilidad civil de treinta mil dólares ($30,000.00) bajo la Ley
Núm. 142 de 21 de julio de 1960, mejor conocida como la Ley Municipal, 21
LPRA sec. 1603 (derogada). Allí, la Corte de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico resolvió que el límite de
responsabilidad estatutario de dicha ley no le era de aplicación a la
compañía asegurada, pues este límite se creó para beneficio y protección
de los municipios, por lo que era de aplicación únicamente a éstos. Dicho
foro enfatizó que no se pretendía que tales límites se aplicaran o
beneficiaran a las compañías de seguros. A interpretación de ese tribunal,
nuestra legislatura tenía buenas razones para limitar la cuantía de daños
en las acciones contra los municipios, pero ciertamente minimizar la
cobertura de seguros no era una de éstas. Rodríguez v. Maryland Casualty
Co., supra, pág. 1145.
En la misma línea, y de gran pertinencia para el presente caso, la
Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico
entendió que la sección que habilitaba los límites de responsabilidad del
municipio debía leerse junto con la Sec. 2004 del Título 26 del Código de
Seguros, supra. Sobre esto, el foro entendió que, si la póliza entre las
partes tenía la intención de colocar la compañía aseguradora en la misma
posición que el municipio, ello no se podía permitir; más aún cuando el
municipio había comprado un seguro en exceso de los límites de
responsabilidad de los cuales se beneficiaba. Rodríguez v. Maryland
Casualty Co., supra.
CC-2024-0466 25
responsabilidad estatal aplicables a su asegurado? A nuestro
juicio, tal cláusula pudiese ser considerada nula.
IV.
Como bien es sabido, una póliza es el documento escrito
en el que se expresan los términos de un contrato de seguro.
Art. 11.140, Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114. En
específico, el contrato de seguros es aquel “mediante el cual
una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a
proveerle un beneficio específico o determinable al producirse
un suceso incierto previsto en el mismo.” Art. 1.020, Código
de Seguros, 26 LPRA sec. 102.
En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha señalado que,
al momento de interpretar este tipo de contratos, el juez o
jueza debe acudir, en primera instancia, al Código de Seguros,
supra, pues es allí donde se recoge la norma de hermenéutica
que ha de regir al llevar a cabo nuestra función interpretativa
de las cláusulas contenidas en una póliza de seguro. San Luis
Center Apartments v. Triple-S Propiedad, Inc., 208 DPR 824, 832 (2022); Maderas Tratadas v. Sun. Alliance,185 DPR 880
, 897 (2012); Echandi Otero v. Stewart Title Guaranty Co.,174 DPR 355
, 369 (2008). Sobre el particular, el Art. 11.250 del
Código de Seguros, infra, establece que:
[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse
globalmente, a base del conjunto total de sus
términos y condiciones, según se expresen en la
póliza y según se hayan ampliado, extendido, o
modificado por aditamento, endoso o solicitud
adherido a la póliza y que forme parte de ésta. 26
LPRA sec. 1125.
CC-2024-0466 26
A su vez, y, de otra parte, en esa labor interpretativa,
el jurista o la jurista debe tomar en consideración que hemos
catalogado los contratos de seguros como unos de adhesión.
Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S, supra, pág. 358; San
Luis Center Apts. et al. v. Triple-S, supra, pág. 833; Maderas
Tratadas v. Sun Alliance, supra, págs. 898-899. Lo anterior
así, puesto que en estos acuerdos es el asegurador quien
redacta íntegramente toda su extensión, sin que el asegurado
tenga oportunidad de negociar el contenido. R. Cruz, Derecho
de seguros, San Juan, Publicaciones JTS, pág. 12 (1999). Es
por eso que, de existir en la póliza una cláusula dudosa o
ambigua, la misma debe ser interpretada en contra del
asegurador, -- la parte que redactó el contrato --, y en favor
del asegurado. Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S, supra;
Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra; Art. 1248 de la Ley
Núm. 55-2020, también conocida como el Código Civil de Puerto
Rico (en adelante, “Código Civil de 2020”), 31 LPRA sec. 9802;
R. Cruz, op. cit., págs. 13, 34.
Por último, y en cuanto a este extremo de nuestro
análisis, debemos recordar que, como todo contrato, el
contrato de seguro constituye la ley entre las partes. Carmen
Carrasquillo Pérez v. Asociación Consejo de Titulares del
Condominio Parque 352, 2024 TSPR 101,214 DPR ___
(2024), 13- 14; San Luis Center Apartments v. Triple-S Propiedad, Inc., supra, pág. 832; Efraín Echandi v. Stewart Title Guaranty Co.,174 DPR 355
, 369 (2008); Wanda Monteagudo Pérez v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico,172 DPR 12
, 20 (2007). Esto quiere CC-2024-0466 27 decir que, como regla general, y en la medida de lo posible, se hará valer la voluntad de los contratantes, según expresado en el referido contrato, Carmen Carrasquillo Pérez v. Asociación Consejo de Titulares del Condominio Parque352, supra,
pág. 13; Jiménez López v. SIMED, supra, pág. 10; López v. Atlantic Southern Ins. Co.,158 DPR 562, 569
(2003), siempre
y cuando el acuerdo no vaya en contra de la ley, la moral o el
orden público. Art. 1207, Código Civil de Puerto Rico de 1930,
31 LPRA sec. 3372 (derogado).20
Recordemos que toda cláusula contraria a la ley,21 la
moral o el orden público se considera nula. De Jesús González
v. Autoridad de Carreteras, 148 DPR 255, 264(1999); Serra v. Salesian Society,84 DPR 322
(1961); Pagán v. Sucn. Padilla,42 DPR 968, 975
(1931); Art. 342, Código Civil de 2020, 31
LPRA sec. 6312. De esto se trata, en parte, el caso de marras.
En cuanto a esto último, y como se deriva de todo el
análisis legal antes expuesto, en nuestro ordenamiento
jurídico está prohibido, por ley y por jurisprudencia, que las
aseguradoras, cuando sean demandadas directamente por daños y
perjuicios, interpongan aquellas defensas personales de su
20La disposición equivalente en el Código Civil de 2020 es el Art. 1232,
31 LPRA sec. 9753.
21En específico, toda cláusula contraria a la ley imperativa será nula.
Rodríguez Vélez v. Bahía Park, 180 DPR 340(2010); Vélez López v. Izquierdo Stella,162 DPR 88, 99
(2004); Berrocales Gómez v. Tribunal Superior,102 DPR 224, 227
(1974); Art. 342, Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6312. La
ley imperativa es aquélla que manda o prohíbe una conducta, de tal manera
que no puede incumplirse o modificarse por voluntad de los particulares,
tampoco se puede eludir su cumplimiento. Exposición de motivos, Código
Civil de 2020, supra. Ésta se diferencia de la ley dispositiva que reconoce
a los particulares la posibilidad de excluir su aplicación dentro de los
límites de la autonomía de la voluntad, sin contravenir la moral ni el
orden público. Íd.
CC-2024-0466 28
asegurado, entre ellas, los límites de responsabilidad
estatutarios. Lo anterior, toda vez que dichos límites, -- los
que responden a un interés público de superior jerarquía --,
se crearon para proteger a sus beneficiarios directos, y no a
sus compañías aseguradoras.
En ese sentido, una cláusula dentro de una póliza de
seguros que restringe, -- sin hacer excepción alguna --, la
responsabilidad de la aseguradora hasta la cantidad que su
asegurado esté obligado a pagar conforme a los límites de
responsabilidad estatutarios tiene el efecto práctico de
esquivar el cumplimiento de la prohibición legal existente.
Por tal razón, la misma podría considerarse nula.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos, desde la concurrencia, a disponer de la
controversia ante nos.
V.
Como mencionamos anteriormente, en el presente caso, la
señora Lugo Ramos aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al
resolver que, de en su día recaer una sentencia contra el
doctor Soler Bernardini y el Hospital San Lucas, SIMED y
Beazley responderían hasta las cantidades que sus asegurados
estarían legalmente obligados a resarcir, -- entiéndase, hasta
los respectivos límites de responsabilidad estatutarios --, a
la luz de lo pactado en sus respectivos contratos de seguro.
Le asiste la razón.
Y es que, como ha quedado aquí claramente demostrado, en
nuestro ordenamiento jurídico está prohibido, por ley y por
CC-2024-0466 29
jurisprudencia, que las compañías aseguradoras, cuando sean
demandadas directamente por daños y perjuicios, interpongan
aquellas defensas personales de su asegurado, entre ellas, los
límites de responsabilidad estatutarios establecidos en la Ley
de Pleitos contra el Estado, supra, y, por consiguiente, en la
Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales, supra. Lo
anterior, toda vez que dichos límites, -- unos que responden
a intereses públicos de superior jerarquía --, se crearon para
proteger a sus beneficiarios directos, y no a sus compañías
aseguradoras.
En ese sentido, una cláusula dentro de una póliza de
seguros que, según redactada, restringe, -- sin hacer
excepción alguna --, la responsabilidad de la aseguradora
hasta la cantidad que su asegurado esté obligado a pagar
conforme a los límites de responsabilidad estatutarios de la
Ley de Pleitos contra el Estado, supra, y, por consiguiente,
en la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales, supra,
tiene el efecto práctico de esquivar el cumplimiento de la
prohibición legal existente. Por tal razón, la misma pudiese
ser considerada nula.
No podían SIMED y Beazley argumentar que, conforme a los
contratos suscritos con el doctor Soler Bernardini y el
Hospital San Lucas, respectivamente, éstas solo responderían
hasta la cantidad que su asegurado venga legalmente obligado
a resarcir, -- entiéndase, hasta los límites de
responsabilidad de la Ley de Pleitos contra el Estado, supra,
y, por consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos
CC-2024-0466 30
Académicos Regionales, supra, que éstos son beneficiarios --.
Muchos, como hemos visto, son los intereses públicos en juego
aquí que nos mueven a tajantemente rechazar tan acomodaticia
invitación. El error señalado fue cometido.
VI.
Por los fundamentos antes expuestos, y como ya
adelantamos, es que concurrimos con el resultado al que hoy
llega una mayoría de este Tribunal.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
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