Universal Insurance Company Y Otro v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico Y Otros
2023 TSPR 24 · Supreme Court of Puerto Rico · Decided March 7, 2023
At a glance
- Court
- Supreme Court of Puerto Rico
- Decided
- March 7, 2023
- Citations
- 2023 TSPR 24
- Good-law status
- No negative treatmentNo negative treatment found: no reversal on appeal and no treated citing cases.
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Summary
El Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones y reinstaló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó una sentencia sumaria en la impugnación de una confiscación civil. Determinó que, bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 según enmendada, el resultado favorable de un proceso penal no permite invocar el impedimento colateral por sentencia salvo que exista una adjudicación expresa de que el bien no fue utilizado en delito alguno u otra excepción estatutaria aplicable. La parte impugnante conserva la carga de derrotar la presunción de legalidad y corrección de la confiscación.
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- Aplicación del impedimento colateral por sentencia en una impugnación de confiscación civil. Bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada, el impedimento colateral por sentencia no puede invocarse en un procedimiento de impugnación de confiscación como fundamento para obtener sentencia sumaria contra el Estado cuando no existe una adjudicación expresa, en otro proceso relacionado con los mismos hechos, de que el bien confiscado no fue utilizado en la comisión de un delito, ni concurre otra excepción prevista por la ley. págs. 16-22
- Procedencia de la sentencia sumaria basada exclusivamente en el resultado penal. No procede una solicitud de sentencia sumaria para invalidar una confiscación civil cuando su único fundamento es el impedimento colateral por sentencia y no se presenta evidencia conducente a derrotar la presunción de legalidad y corrección de la confiscación. págs. 20-22
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Opinion of the Court
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company y otro
Recurridos Certiorari
v. 2023 TSPR 24Estado Libre Asociado de Puerto Rico211 DPR ___
y otros
Peticionarios
Número del Caso: CC-2022-0172
Fecha: 7 de marzo de 2023
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Oficina del Procurador General:
Hon. Fernando Figueroa Santiago
Procurador General
Lcdo. Omar Andino Figueroa
Subprocurador General
Lcda. María Astrid Hernández Martín
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la parte recurrida:
Lcda. Keila M. Ortega Casals
Materia: Confiscaciones – Ausentes las circunstancias contempladas
en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada por
la Ley Núm. 287-2018, la figura del impedimento colateral por
sentencia no puede ser invocada en un procedimiento de impugnación
de confiscación como fundamento para obtener un dictamen sumario
contra el Estado.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company
y otro
Recurridos
CC-2022-0172 Certiorari
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del
Tribunal
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.
Por años esta Curia se ha enfrentado ante una
interrogante persistente en nuestro ordenamiento, a saber,
la procedencia de la figura del impedimento colateral por
sentencia en las acciones para impugnar una confiscación.
Como es conocido, nuestras decisiones durante la década
pasada no han producido un dictamen mayoritario y, en su
defecto, los tribunales de nuestra jurisdicción se han visto
precisados a resolver estas controversias sin el beneficio
de un precedente vinculante. Hasta el día de hoy.
Amparados en el ordenamiento estatutario vigente,
resolvemos que, ausente las circunstancias contempladas en
la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, infra, según
fuera enmendada y aclarada por la Ley Núm. 287-2018, infra,
la figura del impedimento colateral por sentencia no puede
CC-2022-0172 2
ser invocada en un procedimiento de impugnación de
confiscación, como fundamento para obtener un dictamen
sumario contra el Estado. Veamos.
I
El 1 de diciembre de 2019, Universal Insurance Company
y Popular Auto (recurridas) instaron una Demanda ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en
la cual impugnaron una confiscación efectuada por el Estado.
El objeto confiscado era un vehículo marca Jeep, modelo
Patriot, año 2015, con tablilla IWL-524.1 Dicho vehículo
estaba gravado por Popular Auto mediante un contrato de
venta condicional y asegurado por Universal Insurance
Company contra el riesgo de una confiscación.2
Según surge del expediente, el 20 de septiembre de
2019, el Estado ocupó el referido vehículo por,
presuntamente, haber sido utilizado en violación al
Artículo 4(E) de la Ley Núm. 253-1995, Ley de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, infra,
y el Artículo 215 del Código Penal de Puerto Rico, infra.3
Consta, además, que el automóvil fue inspeccionado para
fines de inventario y fue identificado como “ocupado para
investigación”.4 Posteriormente, el 10 de octubre de 2019,
se emitió una Orden de Confiscación.5
1 Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 69.
2 Íd.
3 Notificación de Confiscación, Apéndice del Certiorari, pág. 72.
4 Inventario de Vehículo, Apéndice del Certiorari, pág. 140.
5 Orden de Confiscación, Apéndice del Certiorari, pág. 111.
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Ahora bien, en conexión con estos hechos, el 24 de
septiembre de 2019, se presentaron dos (2) denuncias contra
el Sr. Juan R. Tirado Díaz (señor Tirado Díaz) por alegadas
infracciones a las disposiciones penales previamente
reseñadas.6 En síntesis, los hechos alegados ocurrieron para
el 4 de septiembre de 2019 y exponían un alegado uso del
vehículo ocupado sin el pago de los derechos anuales
(marbete).7 No obstante, estas denuncias no prosperaron y
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Bayamón,
hizo una determinación de no causa para arresto en ambos
cargos.8
Retornando al pleito de epígrafe, surge que el Estado
contestó la demanda de impugnación y sostuvo que la
confiscación debía presumirse legal y que le correspondía
a las aquí recurridas el peso de la prueba para derrotar la
legalidad de esta.9 Posteriormente, se suscitó una
controversia respecto a la notificación de la confiscación
y si esta se había cursado oportunamente.10 Dicha
interrogante fue resuelta a favor del Estado.11
6 Denuncias, Apéndice del Certiorari, págs. 134-137.
7 Íd.
8 Íd. Las denuncias contra el señor Tirado Díaz fueron
clasificadas bajo los alfanuméricos BY2019CR01097-1 y BY2019CR01097-2.
Además, surge del expediente que existía otro caso contra el señor
Tirado Díaz, el caso criminal D LE2019M0110, Pueblo de Puerto Rico v.
Juan R. Tirado Díaz, el cual fue desestimado al amparo de la Regla 64
de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. I, R. 64. No surge de los autos
información ulterior sobre este último procesamiento.
9 Contestación a Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 77.
10 Véanse Moción Solicitando Sentencia Sumaria por Notificación
Tardía, Apéndice del Certiorari, págs. 93-98 y Réplica a Moción de
Sentencia Sumaria, Apéndice del Certiorari, págs. 105-07.
11 Véase Resolución del 9 de abril de 2021, Apéndice del
Certiorari, págs. 114-16. Surge de los autos que el vehículo fue ocupado
para fines de investigación el 20 de septiembre de 2019 y fue
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Concluidos estos trámites, las recurridas presentaron
una Moción Solicitando [que] se Dicte Sentencia Sumaria por
Impedimento Colateral por Sentencia. En lo pertinente,
resaltaron que los cargos contra el señor Tirado Díaz no
prosperaron.12 Así pues, concluyeron que el delito que
motivó la confiscación no fue cometido y que, por
consiguiente, no existía un nexo entre un acto delictivo y
el objeto confiscado.13 Por tanto, sostuvieron que se había
configurado la doctrina de impedimento colateral por
sentencia.14
En sentido contrario, el Estado presentó una Oposición
a Solicitud de Sentencia Sumaria y destacó que el
procedimiento de confiscación es uno independiente de
cualquier otro proceso penal, civil o administrativo contra
el dueño o poseedor de los bienes ocupados.15 Además, sostuvo
que el resultado de todo caso criminal por los mismos hechos
resulta irrelevante en el caso civil.16 A su entender, lo
pertinente, es que existe una presunción de legalidad y
corrección de la confiscación que en este caso no había
oficialmente confiscado el 10 de octubre de 2019. Así las cosas, la
notificación de la confiscación fue cursada el 1 de noviembre de 2019.
De este modo, la investigación y la orden de confiscación se completaron
dentro del término de noventa (90) días que establece el Artículo 13
de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724j.
Similarmente, la notificación de la confiscación fue remitida dentro
de los treinta (30) días posteriores a la conclusión de la investigación
y la emisión de la orden de confiscación, tal y como dispone la
disposición precitada.
12 Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria por Impedimento
Colateral por Sentencia, Apéndice del Certiorari, pág. 148.
13 Íd., pág. 149.
14 Íd., pág. 154.
15 Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, Apéndice del
Certiorari, pág. 165.
16 Íd., pág. 167.
CC-2022-0172 5
sido derrotada.17 Finalmente, argumentó que aquí se
encuentra ausente una adjudicación expresa que haya
determinado que el bien confiscado no fue utilizado en la
comisión de algún delito.18
Al cabo de estos trámites, el foro primario dictó una
Resolución en la cual declaró sin lugar la solicitud de
sentencia sumaria instada por las recurridas. Expuso que es
el demandante quien tiene que demostrar que se cometió un
delito en o con la propiedad confiscada.19 De este modo, “el
mero hecho de haberse desestimado la acción criminal por sí
solo no es suficiente para rebatir la presunción de que la
confiscación fue correcta”.20 Así, concluyó que en este caso
no hay prueba aun que estableciera la falta de
responsabilidad del señor Tirado Díaz.21 Particularmente,
recalcó que no surgía la razón por la cual la acción
criminal contra el señor Tirado Díaz no prosperó.22
Inconforme con este desenlace, Universal Insurance
Company acudió mediante petición de Certiorari ante el
Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, alegó que el
foro primario había errado al no haber aplicado la doctrina
de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral
por sentencia.23 Por su parte, el Estado, representado por
17Íd.
18Íd., pág. 176.
19 Resolución del 12 de octubre de 2021, Apéndice del Certiorari,
pág. 66.
20 Íd.
21 Íd.
22 Íd.
23 Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones,
Apéndice del Certiorari, pág. 38.
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la Oficina del Procurador General, compareció en oposición
mediante un Escrito en Cumplimiento de Orden.24
Examinadas las posturas de ambas partes, el foro
intermedio expidió el auto y revocó el dictamen del Tribunal
de Primera Instancia. Razonó, que nuestra doctrina reconoce
que el desenlace del procedimiento civil está íntimamente
relacionado a la causa criminal.25 Además, expuso que,
aunque la acción de confiscación fuera una civil, esta, al
igual que un proceso criminal, tiene el fin de penalizar un
delito.26 Por tanto, razonó que, ante la determinación de
no causa y la desestimación de los cargos, el vehículo
confiscado se considera no utilizado en actividad criminal
alguna.27 En suma, concluyó que procedía la aplicación de
la doctrina de impedimento colateral y la disposición
sumaria del caso en favor de las recurridas.28
Tras fallar en su intento de obtener una
reconsideración de dicho dictamen, el Estado recurre ante
nos mediante Certiorari. En su escrito, le imputa al
Tribunal de Apelaciones la comisión del siguiente error:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al aplicar
la doctrina de impedimento colateral por sentencia
aun cuando no hubo adjudicación expresa en el proceso
penal que se celebró por los mismos hechos que dieron
lugar a la confiscación, en la cual se determinase
que el bien confiscado no fue utilizado en la comisión
de algún delito.
24 Escrito en Cumplimiento de Orden ante el Tribunal de
Apelaciones, Apéndice del Certiorari, pág. 184.
25 Sentencia del 19 de enero de 2022, Apéndice del Certiorari,
pág. 18.
26 Íd.
27 Íd.
28 Íd., pág. 19.
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El 27 de mayo de 2022, tras examinar el recurso, expedimos
el auto. Posteriormente, las partes presentaron sus respectivos
alegatos, reiterando, en esencia, los planteamientos antes
esbozados.
Perfeccionado el recurso ante nuestra consideración,
procedemos a su adjudicación.
II
A. Confiscación civil o In Rem
Nuestra doctrina establece que la confiscación es el
acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de todo derecho
de propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido
utilizados en relación con la comisión de ciertos delitos.29
Ante la seriedad que supone dicho acto gubernamental, hemos
enfatizado que la confiscación representa una privación de
la propiedad que debe satisfacer las garantías mínimas del
debido proceso de ley.30 Además, representa una excepción
al mandato constitucional que prohíbe que el Estado tome
propiedad privada para fines públicos sin justa
compensación.31
Sin duda, el fin de este tipo de procedimiento es
evidente, pues ciertamente la confiscación opera como una
sanción penal adicional contra los criminales.32 Aun así, a
29 Véanse: Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., 2022 TSPR 77,209 DPR _
(2022); Figueroa Santiago et als. v. ELA,207 DPR 923
, 929 (2021); Reliable v. Depto. Justicia y ELA,195 DPR 917
(2016).
30 Reliable v. Depto. Justicia y ELA, supra, págs. 924-25.
31 Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 662-63 (2011).
32 Véanse: Doble Seis Sport v. Depto Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014); MAPFRE v. ELA,188 DPR 517
, 525 (2013).
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lo largo de nuestra historia, hemos reconocido que la
clasificación del procedimiento de la confiscación como una
acción civil o criminal, precisa de un mayor análisis. Esto
es así, pues, nuestro ordenamiento reconoce dos (2)
variantes de la confiscación: la confiscación in personam
y la confiscación in rem.33
La confiscación in personam se perfila como una acción
de índole penal, pues se produce como resultado de un
veredicto de culpabilidad en un procedimiento criminal.34
En ese caso, la confiscación representa una parte de la
sanción que se le impone al ofensor.35 Por otra parte, la
confiscación in rem parte de la premisa fundamental de que
esta es una acción distinta y separada de cualquier otro
procedimiento penal, o sea, dirigido contra la persona.36
Es decir, esta acción, por ficción legal, se insta contra
la cosa misma y no contra su dueño, poseedor, encargado u
otra persona con interés legal sobre ella.37
Ahora bien, tanto nuestra doctrina, como la doctrina
federal vinculante, reconocen que la mera designación de un
procedimiento de confiscación como criminal o civil no
resuelve la interrogante sobre su verdadera naturaleza. Por
el contrario, ante la duda sobre el tipo de confiscación
que ha de emplearse en una jurisdicción, es preciso recurrir
33 Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., supra, pág. 8.
34 Íd.
35 Íd.
36 MAPFRE v. ELA, supra, pág. 525.
37 Íd.
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a la sustancia del procedimiento estatuido. Como es de
esperarse, la contestación a esta interrogante tiene
importantes efectos prácticos. Ciertamente, ante una
confiscación de naturaleza criminal, se activan las
garantías que ofrece nuestro ordenamiento en estas
instancias. Por el contrario, no ocurre esto cuando estamos
ante una confiscación civil.
Más aún, para entender este análisis, debemos recurrir
a la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo
federal, el cual ha tenido repetidas ocasiones para
considerar este dilema. Particularmente, debemos examinar
las siguientes opiniones: United States v. Ward, 448 US 242(1980); United States v. One Assortment of 89 Firearms,465 US 354
(1984) y United States v. Ursery,518 US 267
(1996).
En United States v. Ward, supra, el Tribunal Supremo
federal consideró los elementos que resolverían la
interrogante sobre si un estatuto, que dispone cierta
penalidad, es de naturaleza civil o criminal. En primer
lugar, debe determinarse si la legislatura ha expresado de
manera expresa o implícita la preferencia por una
designación u otra.38 No obstante, aún habiéndose designado
la penalidad como civil, es necesario considerar si esta es
tan punitiva, en su propósito o en sus efectos, como para
derrotar esta intención.39 Respecto a esto, el Máximo Foro
federal ha dispuesto que solo la prueba más clara podría
38 United States v. Ward, supra, pág. 248.
39 Íd., págs. 248-49.
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proporcionar los fundamentos para derrotar la
constitucionalidad de un estatuto bajo dicha pretensión.40
A su vez, en United States v. One Assortment of 89
Firearms, supra, el Tribunal Supremo federal se encontró
ante un estatuto de confiscaciones cuya naturaleza civil
fue cuestionada. De entrada, al recurrir a los elementos
discutidos en Ward, se expuso que las confiscaciones in rem
han sido vistas tradicionalmente como procedimientos
civiles, donde la jurisdicción se asume a partir de la
ocupación de un objeto físico.41 Al examinar el estatuto en
controversia, se determinó que el fin de este era uno de
naturaleza remedial.42 En particular, el estatuto buscaba
mitigar el comercio indiscriminado de las armas de fuego.43
Según entendió la Corte Suprema federal, mantener las armas
de fuego fuera de las manos de vendedores no autorizados
era un fin remedial y no punitivo.44
Finalmente, tanto One Assortment of 89 Firearms,
supra,como United States v.Ursery, supra,
despejaron
cualquier duda sobre la interacción entre los
procedimientos de confiscación y la protección
constitucional contra la doble exposición. Sencillamente,
a menos que la sanción ⎯en este caso una confiscación⎯
fuera diseñada como un castigo y su efecto fuera de tal
40 Íd., pág. 249.
41 United States v. One Assortment of 89 Firearms, supra, pág.
363.
42 Íd., pág. 364.
43 Íd.
44 Íd.
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nivel que el procedimiento se tornara esencialmente
criminal en su naturaleza, la doble exposición no es
posible.45
Establecido lo anterior, reiteramos, que para que una
confiscación in rem o civil sea procedente deben
satisfacerse dos (2) requisitos primordiales. Primeramente,
debe existir prueba suficiente y preponderante de que se ha
cometido un delito.46 Segundo, debe demostrarse que existe
un nexo entre la comisión del delito y la propiedad
confiscada.47 Además, dada la naturaleza independiente de
la acción civil de la confiscación, esta puede instarse
antes de que se presente una acción criminal o, incluso,
antes de que se haya obtenido un veredicto de culpabilidad
o absolución.48 Lo crítico, es que el Estado demuestre que
la propiedad confiscada se utilizó en una actividad
delictiva.49
B. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011
El análisis anterior nos confirma que la confiscación
in rem o civil, cuando se rija por los parámetros
previamente expuestos, cumple cabalmente con las
protecciones constitucionales que imperan en nuestra
jurisdicción. En términos prácticos, esto implica que el
45 Véanse: United States v. Ursery, supra,págs. 277-78; United States v. One Assortment of 89Firearms, supra,
pág. 362.
46 Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pags. 929-30.
47 Íd.
48 Véanse: Doble Seis Sport v. Depto Hacienda, supra, págs. 784-
85; Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 668.
49 Íd.
CC-2022-0172 12
diseño e instrumentación de este procedimiento recae
decididamente en manos del Poder Legislativo. A esos fines,
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó nuestro
estatuto rector en materia de confiscaciones, la Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada.50
Surge de la exposición de motivos de dicha medida, que
la confiscación representa un disuasivo a la actividad
criminal por el temor que infunde la pérdida de la
propiedad.51 Habida cuenta de ello, la ley provee las normas
que han de regir el proceso de la confiscación con el fin
de que este sea uno expedito, justo y uniforme.52 Además,
reitera que el procedimiento de confiscación, creado en
virtud de dicha ley, es uno “que garantiza el debido proceso
de ley a todo dueño de bienes confiscados”.53
En lo pertinente a lo que hoy nos ocupa, la ley dispone
expresamente la determinación de la Asamblea Legislativa
sobre la naturaleza del procedimiento de confiscación
estatuido en Puerto Rico. De esta manera, “se sostiene y
reafirma la naturaleza in rem de las confiscaciones,
independiente de cualquier otra acción de naturaleza penal,
administrativa o de cualquier otra naturaleza”.54 (Énfasis
suplido). Además, de la exposición de motivos surge sin
50 Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA secs. 1724 et. seq.
51 2011 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1761.
52 Íd.
53 Íd., pág. 1762.
54 34 LPRA sec. 1724 nota.
CC-2022-0172 13
ambages lo que la Asamblea Legislativa entiende que implica
esta naturaleza independiente. En concreto,
[l]os procedimientos de confiscación civil pueden
llevarse a cabo y culminarse antes de que se acuse,
se declare culpable o se absuelva al acusado. Incluso,
pueden llevarse aun cuando no se haya presentado
ningún cargo. Esto debido a que la acción civil se
dirige contra la cosa en sí misma, en general, la
culpabilidad o inocencia del propietario es
irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la
confiscación civil.55 (Énfasis suplido).
De otra parte, con el fin de asegurar el debido proceso
a toda persona que ostente un interés propietario en el
objeto confiscado, la Ley Uniforme de Confiscaciones de
2011, supra, viabiliza un procedimiento mediante el cual se
permite impugnar las confiscaciones efectuadas por el
Estado. A esos efectos, el Artículo 15 de la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011 dispone que aquellas personas que
hubieran sido notificadas de una confiscación, y que
demuestran ser dueñas de la propiedad incautada, pueden
instar una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico.56
El referido artículo también establece que las
demandas de impugnación deben instarse dentro del término
de treinta (30) días a partir de la notificación de que el
objeto ha sido confiscado. Además, y de extrema pertinencia
en estos casos, es necesario puntualizar que “se presumirá
la legalidad y corrección de la confiscación
independientemente de cualquier otro caso penal,
administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado
55 2011 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1762-63.
56 34 LPRA sec. 1724l.
CC-2022-0172 14
a los mismos hechos”.57 (Énfasis suplido). En conjunto con
ello, la ley le asigna al demandante “el peso de la prueba
para derrotar la legalidad de la confiscación”.58 (Énfasis
suplido).
C. Impedimento colateral por sentencia y la Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011
Con esto en mente, nos adentramos en el tema medular
que enmarca el dictamen que hoy emitimos. Esto es, la
relación, si alguna, que debe guardar el procedimiento civil
de la confiscación, lo que incluye su correspondiente
impugnación, con el desenlace de cualquier otra acción penal
por los mismos hechos. Reiteradamente, tal discusión nos ha
conducido a esgrimir la aplicación en estos casos de la
doctrina de impedimento colateral por sentencia. No
obstante, como es de conocimiento, en los pasados años este
tema ha promovido un vigoroso debate entre los miembros
pasados y presentes de esta Curia.59 Por ello, aclaramos,
que la norma que hoy pautamos se ciñe estrictamente al
derecho vigente. Esto es, al texto actual de la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011, supra, según enmendada.
Todo estudio de este tema necesariamente debe partir
de un repaso de los elementos medulares de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia. En principio, dicho
57 Íd.
58 Íd.
59 Véanse las opiniones de conformidad, concurrencia y disidencia
emitidas en los siguientes casos: MAPFRE et al. v. ELA, 2022 TSPR 80, 209 _ (2022); Mapfre et al. v. ELA,198 DPR 88
(2017); Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA,195 DPR 39
(2016) y Mapfre Praico Ins. et al. v. ELA,195 DPR 86
(2016).
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precepto legal es una matización de la doctrina de cosa
juzgada, la cual persigue el fin de los litigios y garantiza
la certidumbre y seguridad de los derechos declarados.60 En
igual sentido, el impedimento colateral “tiene como
propósito promover la economía procesal y judicial,
proteger a los litigantes contra lo que representa
defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas
ocasiones tratándose de la misma controversia, evitar
litigios innecesarios y decisiones inconsistentes”.61
En términos prácticos, el impedimento colateral por
sentencia “impide que en un pleito posterior se relitiguen
cuestiones de hecho o derecho necesarias para la
adjudicación de un pleito anterior, independientemente de
que haya sido por la misma causa de acción o por otra
distinta, siempre que sea entre las mismas partes o sus
causahabientes”.62 Para que aplique, es necesario que
concurran los siguientes requisitos: (1) que el asunto de
hecho o derecho sea el mismo en ambos pleitos; (2) que se
haya litigado en un pleito anterior; (3) que se haya
determinado mediante una sentencia final, y (4) que la
determinación haya sido esencial para el fallo.63
Partiendo de estas premisas, la Asamblea Legislativa
emprendió en un ejercicio aclaratorio con el fin de precisar
decididamente la aplicación de dicha doctrina en los
60 Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 225 (2012).
61 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 277 (2012).
62 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 497 (2010).
63 Íd.
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procedimientos de impugnación de confiscación. A tal
efecto, se aprobó la Ley Núm. 247-2018,64 en virtud de la
cual se enmendó puntualmente el texto de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, supra.
De entrada, conviene examinar las expresiones que
denotan el propósito cardinal de nuestros legisladores al
aprobar este estatuto. Así, se reafirma que “[l]a
confiscación es un proceso civil que va dirigido contra la
cosa, bajo la premisa que dicho bien fue utilizado en la
comisión de un delito...”.65 (Énfasis suplido) Ahora bien,
se reconoce que “dicha premisa ha creado confusión en cuanto
a su alcance, resultando esto en un debate continuo en los
tribunales de la Isla. Por ello, esta legislación busca
aclarar la intención legislativa al respecto, para así
ponerle fin a esta controversia”.66 (Énfasis suplido).
Expuesto lo anterior, la Ley Núm. 247-2018 enmendó el
Artículo 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra, el cual citamos in extenso:
[s]e dispone que, no será de aplicación en los
procesos de confiscación, la doctrina de Impedimento
Colateral por Sentencia en las siguientes instancias:
a) Cuando el acusado haya hecho alegación de
culpabilidad;
b) cuando el acusado se someta a un programa de
desvío;
c) cuando el acusado fallezca antes o en medio
del proceso que se esté llevando a cabo contra su
persona;
d) en ausencia de alguna adjudicación expresa en
otro proceso penal, civil o administrativo, que se
celebre por los mismos hechos que dieron lugar a la
64 2018 LPR (Parte 3) 2916-2922.
65 Íd., pág. 2917.
66 Íd.
CC-2022-0172 17
confiscación, en la cual se determine que el bien
confiscado no fue utilizado en la comisión de algún
delito; y
e) en cualquier otra instancia que no se cumplan
con los requisitos de la doctrina.67 (Énfasis
suplido).
Sin duda, el lenguaje anterior aclara las instancias
en las cuales procede la aplicación de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia en los casos donde se
impugna una confiscación civil. Si bien el legislador optó
por expresarse en un sentido negativo, el efecto no es otro
que el de delimitar taxativamente las circunstancias que
permitirían o impedirían la invocación de esta doctrina en
un procedimiento judicial al amparo de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, supra.
D. Moción de sentencia sumaria
Finalmente, es harto conocido que nuestro ordenamiento
procesal civil reconoce el uso y valor del mecanismo de la
sentencia sumaria como vehículo para asegurar la solución
justa, rápida y económica de un caso.68 Tal herramienta
posibilita la pronta resolución de una controversia cuando
no se requiera la celebración de un juicio en su fondo.
Ahora bien, para que proceda este mecanismo es necesario
que de los documentos no controvertidos surja que no hay un
controversia real y sustancial sobre los hechos del caso.69
Puesto de otra manera, que solo resta aplicar el derecho.70
67 34 LPRA sec. 1724e.
68 Véanse: Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100(2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,189 DPR 414
(2013); Ramos Pérez v. Univisión,178 DPR 200
(2010).
69 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.
70 Íd.
CC-2022-0172 18
Según hemos expresado, un hecho material “es aquel que puede
afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho
sustantivo aplicable”.71 (Énfasis suplido). Para que exista
una controversia sobre los hechos, esta debe ser real, es
decir, cualquier duda es insuficiente para derrotar una
moción de sentencia sumaria.72
Por su parte, la Regla 36 de Procedimiento Civil,73
exige ciertos requisitos de forma para la moción que se
inste y su respectiva oposición. Así, la parte que sostenga
que “la inexistencia de una controversia sustancial de
hechos esenciales y pertinentes” debe presentar una moción
que se funde en declaraciones juradas u otra evidencia
admisible.74 Además, tanto la moción como su oposición deben
presentar
una relación concisa, organizada y en párrafos
enumerados de todos los hechos esenciales y
pertinentes sobre los cuales no hay controversia
sustancial, con indicación de los párrafos o las
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba
admisible en evidencia donde se establecen estos
hechos, así como de cualquier otro documento admisible
en evidencia que se encuentre en el expediente del
tribunal.75
Si el cúmulo de la evidencia demuestra que en efecto
no hay controversia sustancial respecto a algún hecho
esencial y pertinente, el tribunal deberá dictar sentencia
sumaria si procede como cuestión de derecho.76 Por ende, no
71 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez
v. Univisión, supra, pág. 213.
72 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-14.
73 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
74 Íd.
75 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.
76 Íd.
CC-2022-0172 19
debe dictarse sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos
esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas
en la demanda que no hayan sido refutadas; (3) surja una
controversia real sobre algún hecho esencial o material de
los propios documentos que acompañan la moción, o (4) no
proceda como cuestión de derecho.77
Expuesto el marco jurídico que delimita la
controversia que hoy nos ocupa, resolvemos de conformidad.
III
De entrada, reiteramos nuestro afianzamiento en el
ordenamiento vigente y en el interés primordial de dar fiel
cumplimiento a la intención de la Asamblea Legislativa
cuando esto no incida en los valores constitucionales que
como Curia venimos obligados a custodiar. Veamos.
Según examinamos, los hechos de este caso no distan en
forma sustancial de aquellos que han ocupado a este Tribunal
en ocasiones previas. Nuevamente, nos enfrentamos ante una
invocación de la doctrina de impedimento colateral por
sentencia, como fundamento para disponer ⎯ sumariamente⎯
de una acción en la cual se impugna una confiscación civil.
Como ha sido la costumbre, tal reclamación se funda en el
hecho de que la acción penal contra el presunto autor de
los hechos delictivos, por diversos fundamentos, no
prosperó.
77 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 595. (2013).
CC-2022-0172 20
Ahora bien, un examen detenido del ordenamiento
vigente confirma que nuestra Asamblea Legislativa, en un
ejercicio válido de sus prerrogativas constitucionales,
dispuso el tratamiento que se le debe dar a circunstancias
como las de autos. Sencillamente, al confrontarse con alguna
de las circunstancias que detalla el Artículo 8 de la Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, el tribunal
primario tiene que descartar la aplicación de la doctrina
de impedimento colateral por sentencia en un procedimiento
impugnatorio de una confiscación.
La lógica de este razonamiento es sólida, pues nuestro
estudio del derecho revela que dentro del propósito remedial
que ostenta nuestro ordenamiento de confiscaciones, el
interés latente del Poder Legislativo es el de asegurar la
agilidad y eficacia de los procedimientos confiscatorios.
Consecuentemente, la validez de toda confiscación sigue
dependiendo de la presencia de los elementos reseñados.
Esto es, (1) la prueba suficiente y preponderante de que se
ha cometido un delito y (2) la existencia de un nexo entre
la comisión del delito y la propiedad confiscada.
De otra parte, la fiel aplicación del ordenamiento
vigente tiene el efecto irremediable de obstaculizar la
procedencia del mecanismo de la sentencia sumaria, para
derrotar una confiscación, cuando su único fundamento es la
doctrina de impedimento colateral por sentencia y no se
manifiesta alguna circunstancia constitutiva excepcional.
CC-2022-0172 21
Lo anterior tiene un efecto decisivo en casos análogos a
este.
Como sabemos, el elemento neurálgico de toda
adjudicación sumaria es la ausencia de controversias sobre
los hechos esenciales y materiales del caso. El escollo que
encuentra un planteamiento como el que aquí levantaron las
recurridas es que, si no cuentan con prueba de que existe
una excepción a la inaplicabilidad de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia, el desenlace de la
acción penal por los mismos hechos es totalmente
impertinente. De este modo, tal hecho no podría ser el
fundamento legal de una moción de sentencia sumaria, pues
realmente no se trata de un hecho esencial y material. Por
el contrario, se trata de un hecho que el legislador ha
dispuesto expresamente que no debe ser objeto de
consideración en el caso.
Del expediente de marras, no surge una adjudicación
expresa en otro procedimiento que establezca que el bien
confiscado no fue utilizado en la comisión de algún delito.
Tampoco surge circunstancia alguna que motive una
desviación de la norma general que establece la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011, según enmendada, supra, la cual
prohíbe la aplicación de la doctrina de impedimento
colateral por sentencia. En dicho contexto, actuó
incorrectamente el Tribunal de Apelaciones al revocar la
determinación bien fundada del foro primario.
Evidentemente, las recurridas no cumplieron con el deber
CC-2022-0172 22
que les impone la ley de derrotar la presunción de legalidad
y corrección que asiste a una confiscación civil. No podían
prevalecer ⎯ sumariamente⎯ cuando su único fundamento
legal proviene de una doctrina impertinente.
Por tanto, resolvemos, que ausente evidencia
conducente a derrotar la presunción de legalidad y
corrección de una confiscación civil, no puede esta
impugnarse por medio de una solicitud de sentencia sumaria
que se funde ⎯ exclusivamente⎯ en la doctrina de
impedimento colateral por sentencia. Claro está, el
litigante que impugne una confiscación podría prevalecer,
en la eventualidad que cuente con prueba de que se ha
configurado una excepción a la prohibición que surge de la
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra.
IV.
Por los fundamentos previamente expuestos, se revoca
la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se
reinstala la Resolución emitida por el Tribunal de Primera
Instancia. Continúense los procedimientos con la norma aquí
pautada.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company y
otro
Recurridos
CC-2022-0172 Certiorari
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.
Por los fundamentos previamente expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta
Sentencia, se revoca la Sentencia dictada por el Tribunal
de Apelaciones y se reinstala la Resolución emitida por
el Tribunal de Primera Instancia. Continúense los
procedimientos con la norma aquí pautada.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez disiente con opinión escrita a la cual se une la
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor
Colón Pérez disiente con opinión escrita. La Jueza
Asociada señora Pabón Charneco está conforme y emite las
expresiones siguientes:
“Por varios años este Tribunal ha estado
igualmente divido sobre la procedencia y
aplicación de la doctrina de impedimento
colateral por sentencia en casos sobre
impugnación de confiscaciones. Durante este
tiempo, he mantenido una postura consistente
sobre las instancias en las que se permite el
uso de esta doctrina para la impugnación de una
confiscación civil o in rem. Véase Mapfre
Preferred Risk Insurance Co. & Popular Auto v.
ELA de PR, 209 DPR 910 (2022) (Sentencia);
Mapfre v. ELA, 198 DPR 88 (2017) (Sentencia);
Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016) (Sentencia). Esto, debido a que con la
aprobación de la Ley Núm. 119-2011, infra, no
se incluyó disposición estatutaria alguna que
prohibiera la aplicación de la doctrina de
CC-2022-0172 2
impedimento colateral por sentencia en los
procedimientos de confiscaciones. Así las
cosas, ante las constantes controversias sobre
el presente asunto, he reiterado que no nos
compete, como parte de nuestra labor judicial,
suplir un silencio estatutario y prohibir el
uso de la referida doctrina.
No obstante, la Asamblea Legislativa,
mediante la Ley Núm. 287-2018, el 29 de
diciembre de 2018, tomó la iniciativa de
enmendar el Art. 8 de la Ley Núm. 119-2011 y
dispuso de forma clara y precisa las instancias
en las que no aplicaría la doctrina de
impedimento colateral por sentencia en los
procesos de confiscación. Específicamente y de
particular relevancia para el presente caso, la
enmienda dispuso que no se aplicaría la
doctrina “[…]en ausencia de alguna adjudicación
expresa en otro proceso penal, civil o
administrativo, que se celebre por los mismos
hechos que dieron lugar a la confiscación, en
el cual se determine que el bien confiscado no
fue utilizado en la comisión de algún delito”.
34 LPRA sec. 1724e.
Sin embargo, esta disposición no es de
aplicación retroactiva. Consecuentemente
solamente en aquellos casos cuyos hechos
ocurrieran con posterioridad al 29 de diciembre
de 2018, nos corresponde aplicar el citado
artículo según enmendado por la Asamblea
Legislativa. Por lo tanto, dado que los hechos
que nos ocupan ocurrieron el 20 de diciembre de
2019, posteriormente a la enmienda de la Ley
Núm. 119-2011, lo correcto era no aplicar la
doctrina de impedimento colateral por sentencia
en el presente caso. Así las cosas, en el
futuro, en aquellos casos que los hechos sean
con posterioridad a la enmienda realizada por
la Ley Núm. 287-2018, aplicaré el citado
artículo conforme a lo dispuesto por la
Asamblea Legislativa”.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente y
emite las expresiones siguientes:
“Disiento por los mismos fundamentos
esbozados en mi Opinión Disidente en MAPFRE
Preferred Risk Insurance Co. v. ELA, 209 DPR
910 (2022). Independientemente de que los
hechos del caso de epígrafe se hayan
desarrollado bajo la vigencia de la enmienda de
2018 a la Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley
Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq., ello
no disipa la estrecha relación existente entre
CC-2022-0172 3
una causa criminal ─que inició por razón de una
confiscación in rem─ y una causa civil de
impugnación de confiscación. Al igual que en
MAPFRE v. ELA, supra, en el caso de epígrafe se
realizó una confiscación de un vehículo de
motor por la presunta ocurrencia de conducta
delictiva. Al procesar criminalmente al alegado
ofensor, se determinó que no había causa para
arresto. Ante ello ─y al amparo de la postura
que defendí en aquel pronunciamiento─, procedía
disponer del proceso de impugnación de la
confiscación que se incoó y declarar nula la
incautación practicada. En vista de la estrecha
relación de ambos procesos, aplicando la
doctrina de impedimento colateral por sentencia
correspondía resolver sumariamente que la
incautación no se realizó conforme a derecho
─pues, como cuestión de umbral, no se probó la
comisión de delito alguno─ y decretar su
invalidez.
Más allá de lo anterior, no se puede
perder de perspectiva que la confiscación in
rem, aunque se catalogue de naturaleza civil,
tiene un fin punitivo que busca penalizar la
conducta delictiva presuntamente ocurrida.
Coop. Seg. Mult. v. ELA, 180 DPR 655 (2011).
Esto, similar al propósito del procedimiento
criminal que se inicie. Ahí yace el vínculo
íntimo reseñado. Íd. Por ello, resulta muy
cuestionable validar una confiscación cuando en
el procedimiento criminal paralelo no se probó
conducta criminal alguna por parte de una
persona que es quien, en efecto, tiene la
capacidad de delinquir. No sujetar el
procedimiento civil de impugnación a la causa
criminal relacionada, en esta tesitura, es
impráctico. Íd.
Según se ha concebido la confiscación in
rem, esta se ejecuta contra aquellos bienes que
fueron utilizados en la comisión de algún
delito. 34 LPRA sec. 1724f. Para sostener esta
incautación independientemente de la inocencia
o culpabilidad de la persona que se valió del
bien para un fin delictivo, se esgrime ─al
amparo de una ficción legal─ que el referido
bien es el “ofensor primario”. Suárez v. ELA,
162 DPR 43, 54 (2004). Es decir, que este en sí
mismo delinquió. Cónsono con lo que expresé en
MAPFRE v. ELA, supra, estimo que ello es un
contrasentido, pues solo las personas pueden
incurrir en conducta delictiva y, si esta no se
estableció, necesariamente no se puede
refrendar la confiscación del bien. Habida
CC-2022-0172 4
cuenta de que este criterio no prevaleció, no
puedo suscribir la Opinión mayoritaria.
Por los fundamentos expuestos, hubiese
confirmado la determinación del Tribunal de
Apelaciones”.
María I. Colón Falcón
Secretaria del Tribunal Supremo Interina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company
y otro
Recurridos
v. CC-2022-0172 Certiorari
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor ESTRELLA
MARTÍNEZ, a la cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ
RODRÍGUEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.
“Hasta el día de hoy”,1 lamentablemente, la Mayoría de
este Tribunal continúa lacerando la protección consagrada en
las Constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos que
garantiza que ninguna persona será privada de su propiedad
sin el debido proceso de ley y en ausencia de una justa
compensación.
Dándole la espalda a esos postulados, este Tribunal
resuelve en el día de hoy que una persona que obtuvo un
resultado favorable en el procedimiento penal no puede
utilizar este hecho como fundamento suficiente para que se
concluya sumariamente que la confiscación civil fue
contraria a Derecho. Lo que es peor, la interpretación
mayoritaria valida, incluso, que ni tan siquiera la
1(Negrillas y énfasis suplido en el original). Opinión
mayoritaria, pág. 1.
CC-2022-0172 2
absolución criminal sea suficiente para derrotar la
confiscación por la vía sumaria, sino que es necesario,
además, que en la causa criminal se haya realizado una
adjudicación expresa a los efectos de que el bien en cuestión
no fue utilizado en la comisión de delito alguno.
En cambio, tal y como he expuesto consecuentemente,
afirmo que, independientemente de lo que se disponga
estatutariamente, la confiscación en ausencia de una condena
penal constituye un impedimento colateral por sentencia en
el pleito civil en el cual se impugna la incautación
efectuada por el Gobierno. Ello pues, sujetar a un juicio
plenario la confiscación civil de un bien lícito presupone
sostener de manera prima facie que ese “bien”, por sí mismo,
puede ser culpable de la comisión de un acto delictivo. No
puedo avalar este derrotero que engrandece insosteniblemente
una ficción en el campo de las confiscaciones civiles e
ignora el Derecho Constitucional aplicable. Me explico.
I
A.
Reiteradamente, este Tribunal ha definido la
confiscación como aquel acto a través del cual el Gobierno
ocupa e inviste para sí todo derecho de propiedad sobre los
bienes utilizados en la comisión de ciertos delitos. Flores
Pérez v. ELA, 195 DPR 137, 146(2016) (citando a Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda,190 DPR 763
, 784 (2014); Díaz Ramos v. E.L.A. y otros,174 DPR 194
, 202 (2008); Del Toro Lugo v. E.L.A.,136 DPR 973
, 980–981 (1994)).
CC-2022-0172 3
La confiscación de bienes utilizados en una actividad
delictiva tiene dos (2) modalidades. La primera, la in
personam, que es de naturaleza penal, se lleva a cabo como
parte del proceso criminal y constituye una sanción adicional
a la pena para el presunto autor del delito, en caso de
encontrársele culpable. Mapfre v. E.L.A, 188 DPR 517, 525 (2013). La segunda, la in rem, va directamente contra la cosa misma por el mal uso que se le ha dado y no contra la persona con interés legal sobre la propiedad en cuestión. Íd. La confiscación en su modalidad civil parte de la ficción jurídica de que el bien confiscado en sí mismo es el ofensor primario y que, este, como medio o producto de la ofensa, es merecedor de responsabilidad independientemente del autor del delito. Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA et al.,194 DPR 116, 156
(2015) (Voto particular disidente del Juez
Asociado Señor Estrella Martínez).
Al determinar si procede una confiscación civil, los
tribunales deben evaluar si existe: (1) prueba suficiente y
preponderante de que se cometió un delito, y (2) un nexo
entre la comisión del delito y la propiedad confiscada.
Véase, Doble Seis Sport. v. Depto. Hacienda, supra, pág.
784. Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 52(2004); Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 983. Claro está, es al Gobierno y no a la parte que impugna la incautación a quien le corresponde demostrar que se cometió un delito y el nexo con la propiedad confiscada. Rodríguez Ramos v. ELA,174 DPR 194
, 203 (2008).
De no establecerse lo anterior, el bien confiscado mantiene
CC-2022-0172 4
su naturaleza inocente y, por tanto, la confiscación civil
es improcedente.
B.
Como es conocido, en nuestro ordenamiento la
confiscación civil es instaurada a través de la Ley uniforme
de confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA secs.
1724-1724w (Ley de Confiscaciones). El Art. 9 de la Ley de
Confiscaciones, supra, dispone que estará sujeta a ser
confiscada:
[T]oda propiedad que resulte, sea
producto o se utilice, durante la
comisión de delitos graves y de
aquellos delitos menos graves en los
que por ley se autorice la
confiscación […].2
Nótese que lo determinante es que se haya cometido un
delito, lo cual necesariamente exige que así se pruebe —más
allá de duda razonable— en el correspondiente procedimiento
criminal.
No empece lo anterior, hoy la Mayoría se ancla en el
Art. 8 de la Ley de Confiscaciones, supra, según enmendado
por la Ley Núm. 287-2018, para concluir que la parte que
impugna una confiscación civil está impedida de utilizar la
doctrina de impedimento colateral por sentencia como
fundamento para recobrar por la vía sumaria el bien
incautado, si en el proceso penal que se celebre por los
mismos hechos no se realiza una adjudicación expresa a los
2(Negrillas suplidas). 34 LPRA sec. 1724f.
CC-2022-0172 5
efectos de que el bien confiscado no fue utilizado en la
comisión de algún delito.3
Según adelanté, discrepo vehemente de esta conclusión.
Veamos, entonces, los fundamentos que orientan mi disenso.
II
Históricamente, este Tribunal ha condicionado el
proceso civil de confiscación al resultado de la causa
criminal contra el alegado autor del delito que da base a la
confiscación. Véase, entre otros, Downs v. Porrata, Fiscal,
76 DPR 611(1964); Carlo v. Srio. de Justicia,107 DPR 356
(1978); Del Toro Lugo v. E.L.A., supra; First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A.,156 DPR 77
(2002); Suárez v. E.L.A., supra; Ford Motor v. E.L.A.,174 DPR 735
(2008) y Díaz Morales v. Depto. de Justicia,174 DPR 956
(2008) (Per
curiam); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., infra; Figueroa Santiago
3La disposición aludida dispone, en lo pertinente, lo
siguiente:
[N]o será de aplicación en los procesos
de confiscación, la doctrina de
impedimento colateral por sentencia en
las siguientes instancias:
[…]
d) en ausencia de alguna adjudicación
expresa en otro proceso penal, civil o
administrativo, que se celebre por los
mismos hechos que dieron lugar a la
confiscación, en la cual se determine
que el bien confiscado no fue utilizado
en la comisión de algún delito.
34 LPRA sec. 1724e.
CC-2022-0172 6
et als. v. ELA, 207 DPR 923(2021).4 Ello ha sido así por razón de que el resultado favorable en el proceso penal es suficiente para derrotar la presunción de legalidad y corrección de la confiscación efectuada. Máxime, ante el hecho de que la Ley de Confiscaciones, supra, si bien reconoce que la confiscación civil es un proceso independiente al de la acción penal, no contiene un lenguaje que desvincule la confiscación de la comisión de un delito para hacer posible tal pretensión.5 Ello cobra mayor importancia ante el hecho de que la confiscación civil tiene un amplio componente punitivo por lo que debemos interpretar restrictivamente su alcance. Centeno Rodriguez v. E.L.A.,170 DPR 907
, 913 (2007).
A tenor con lo anterior, correspondía que hoy
resolviéramos que el vehículo Jeep Patriot 2015 confiscado
por el “alegado uso […] sin el pago de los derechos anuales
(marbete)”6, tiene que regresársele al Sr. Juan R. Tirado
Díaz por razón de que las “denuncias no prosperaron y el
4Para
una exposición sucinta de lo resuelto en cada uno
de los casos precitados, véase, Cooperativa de Seguros
Múltiples y otro v. ELA y otros, 209 DPR 796, 820-821 (2022) (Opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez); Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA,194 DPR 116, 160-164
(2015) (Voto particular disidente del Juez Asociado Señor
Estrella Martínez.
5Véase, esc. 2 (haciéndose referencia a 34 LPRA sec.
1724f).
6Opinión mayoritaria, pág. 3.
CC-2022-0172 7
Tribunal de Primera Instancia […] hizo una determinación de
no causa para arresto en ambos cargos”.7
Entiéndase, en esta controversia, la determinación de
no causa advino final y firme, por lo que no existe
procedimiento penal alguno relacionado con el bien lícito
incautado. En ese sentido, tal determinación final y firme
de no causa que obtuvo el Sr. Juan R. Tirado Díaz en el
delito que habilitó la incautación, hace imposible que se
pruebe el segundo de los requisitos exigidos para validar la
confiscación civil. Es decir, no existe un nexo entre la
comisión del delito y el vehículo confiscado.8 Por tanto,
tal y como unánimemente resolvió el Tribunal de Apelaciones,
procedía declarar con lugar la demanda de impugnación de
confiscación y ordenar la devolución del vehículo de motor
confiscado.
Sin embargo, la Mayoría de este Tribunal opta por tomar
el camino contrario y continúa disociando irrazonablemente
la acción confiscatoria civil de la criminal bajo el pretexto
estatutario de que ahora la Ley de Confiscaciones, supra,
impide que se utilice el resultado del proceso penal como
razón suficiente para derrotar sumariamente la presunción de
corrección y legalidad de la confiscación civil.
7(Negrillas y énfasis suplidos en el original). Íd.
8Recuérdese, al determinar la validez de una
confiscación civil, los tribunales deben evaluar si existe:
(1) prueba suficiente y preponderante de que se cometió un
delito, y (2) un nexo entre la comisión del delito y la
propiedad confiscada. Véase, Doble Seis Sport. v. Depto.
Hacienda, supra; Suárez v. E.L.A., supra; Del Toro Lugo v.
ELA, supra.
CC-2022-0172 8
En cambio, sostengo que la conexión inseparable entre
ambos procesos va más allá de la etiqueta “civil” e
“independiente” dispuesta en la Ley de Confiscaciones,
supra. Asimismo, esta trasciende lo que la Asamblea
Legislativa codifique en relación con la doctrina de
impedimento colateral por sentencia y su aplicabilidad en la
esfera civil. De este modo, interpretamos integralmente
nuestro ordenamiento jurídico sin abstraernos de las
garantías constitucionales individuales.
Cónsono con este proceder, en Coop. Seg. Múlt. v.
E.L.A., 180 DPR 655 (2011), este Tribunal resolvió que la
extinción de la acción penal hacía improcedente el proceso
de confiscación civil. Esta conclusión tomó en cuenta el
carácter cuasicriminal de la Ley de Confiscaciones, supra,
y, más importante aún, la necesidad constitucional de
vincular el resultado de la acción penal al proceso de
confiscación civil. Específicamente, tal raciocinio se
fundamentó en que:
Al amparo de nuestras
interpretaciones constitucionales, y
cónsono con la normativa federal
vigente, hemos vinculado el resultado
del proceso civil de confiscación al
desenlace de la causa criminal contra la
persona imputada del delito a base del
cual se justifica la confiscación.9
Nótese que la vinculación del proceso civil de
confiscación a lo que finalmente ocurra en la causa penal,
9(Negrillas y énfasis suplidos). Íd., pág. 680.
CC-2022-0172 9
según resuelto en Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, resulta
en extremo importante, pues:
En primer lugar, porque analiza de forma
grupal las decisiones previas del
Tribunal Supremo sobre el asunto e
identifica una línea consistente: el
vínculo férreo entre la acción penal y
el proceso civil de confiscación. Es
decir, dicha [O]pinión anuncia la
existencia de una norma que yacía
callada en varias decisiones previas y
la articula expresamente. En segundo
lugar, no cabe duda [de] que esta norma
es de naturaleza constitucional. Por
tanto, no depende únicamente de la
voluntad legislativa.10
Tal y como destaqué en Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA,
supra, la confiscación civil está atada al resultado de la
causa criminal aun en aquellos casos en que la absolución
criminal no sea en los méritos. Íd., pág. 164. Lo anterior
“‘no se trata únicamente de la aplicación de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia, sino de excepciones a
la independencia del proceso in rem fundadas en la extinción
de la acción penal contra la persona presuntamente
responsable del delito’”. Íd., (citando a Coop. Seg. Múlt.
v. E.L.A., supra, pág. 676). Ello, sobre todo, dadas las
garantías constitucionales locales y federales que están
presentes en los procesos de confiscación.11
10(Negrillas
suplidas y énfasis suplido en el
original). J. Farinacci Fernós, Derecho constitucional, 86
Rev. Jur. UPR 662, 680 (2017).
11Alrespecto, véase, Timbs v. Indiana, 139 S. Ct. 682(2019) (estableciéndose, en el contexto de confiscaciones
civiles, la extensión de la Octava Enmienda a los estados
por virtud de la Decimocuarta Enmienda); Austin v. United
CC-2022-0172 10
Y es que la confiscación sin más de un bien naturalmente
lícito vulnera, además, la garantía constitucional de la
presunción de inocencia.12 Para evitar tal fricción, resulta
indispensable que se concluya que la falta de una condena
extingue la acción civil confiscatoria.13 Interpretar lo
contrario, implica una revocación sub silentio de nuestros
precedentes y, más importante aún, presenta serios problemas
constitucionales en la práctica.
De hecho, recientemente así lo adelanté en Cooperativa
de Seguros Múltiples y otro v. ELA y otros, 209 DPR 796, 812 (2022) (Opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez). Específicamente, allí alerté que la modificación estatutaria en la que hoy se ampara la Mayoría no alteraba la norma de que la falta de una condena penal priva la confiscación civil y vulnera múltiples garantías constitucionales.14 States,509 US 602
(1993) (afirmándose que la Octava Enmienda, la cual prohíbe los castigos crueles e inusitados, aplica en los casos civiles de confiscación por razón del propósito punitivo característico de este último); One 1958 Plymouth Sedan v. Com. of Pa.,380 US 693
(1965) (aplicándose
las salvaguardas constitucionales contra los registros
irrazonables en casos criminales a un proceso de
confiscación civil). Refiérase, además, a los casos citados
en la Sec. II, págs. 5-6, junto con el esc. 4, de esta
Opinión disidente.
12Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 679.
13Íd., pág. 681.
14Parauna exposición y análisis sobre la preocupación
de la Convención Constituyente con respecto al carácter
punitivo de las confiscaciones y la separación ficticia
entre ambos procesos, véase, Cooperativa de Seguros
Múltiples y otro v. ELA y otros, supra, págs. 818-820.
CC-2022-0172 11
A esos fines, es menester citar in extenso los
fundamentos que enmarcaron mi postura:
Esta enmienda, introducida por la Ley
Núm. 287-2018, no altera nuestra
conclusión de que la falta de
presentación de cargos o la absolución
en un proceso criminal tiene el efecto
de que no proceda la confiscación civil
de un bien inherentemente lícito.
Nótese, pues, que lo añadido preceptúa
que el proceso civil de confiscación
podrá llevarse a cabo y culminarse antes
de que se acuse, declare culpable o
absuelva al acusado. Por otra parte, y
muy a pesar de lo dispuesto a los efectos
de que la culpabilidad o inocencia del
acusado no deberá tomarse en cuenta en
el proceso de confiscación civil,
entendemos que esto, igualmente,
establece la indispensabilidad de que
haya un proceso penal. Sin embargo,
adelantamos que la enmienda realizada se
ciñe principalmente a la aplicabilidad
de la doctrina de impedimento colateral
por sentencia. Mas, en la práctica,
potencialmente trasciende la realidad de
lo que es válido constitucionalmente y,
particularmente, nuestros
pronunciamientos jurisprudenciales al
respecto.15
Así pues, debido a la naturaleza cuasicriminal de las
confiscaciones civiles, y por razón de las implicaciones que
tienen sobre los derechos constitucionales de la ciudadanía,
estas no deben ser favorecidas por los tribunales en
escenarios donde no exista una condena penal. Coop. Seg.
Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 688 (citas omitidas). Solo así
se cumple con el principio de que las confiscaciones deben
15(Negrillas suplidas y negrillas suplidas en el
original). Íd., pág. 818 (esc. 6).
CC-2022-0172 12
interpretarse restrictivamente “y de forma compatible con la
justicia y los dictados de la razón natural”. Íd.16
En consecuencia, distinto a lo que concluye la Opinión
mayoritaria, ratifico que, ante un resultado favorable en el
procedimiento criminal, procede la resolución por la vía
sumaria de la impugnación de la confiscación realizada por
el Gobierno. Ello es así, en vista de que si el Gobierno
falló en probar en la esfera penal la conducta delictiva que
motivó la incautación, está ausente el nexo entre la comisión
del delito y la propiedad incautada, elemento esencial para
su validez. Por tanto, no existe justificación alguna en
Derecho que impida que una parte demandante prevalezca
sumariamente en la acción civil impugnatoria de la
confiscación.17
16Máxime,cuando no cabe duda que estas confiscaciones
son civiles en su forma, pero punitivas en su naturaleza.
Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pág. 937 (Opinión
disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez).
17Sobre este particular, resulta apropiado reproducir
lo que expresé en Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra:
A esos efectos, si procediera la
confiscación luego de un resultado
favorable en el caso criminal, el Estado
estaría utilizando su poder punitivo
para castigar a un ciudadano por la
comisión de un delito aunque éste no se
hubiera cometido. A todas luces, en la
medida en que el procedimiento civil no
es conforme a [D]erecho, el Estado
estaría incautando propiedad privada sin
que ésta se haya utilizado en actividad
criminal.
(Negrillas suplidas y énfasis suplido en el original).
Íd., pág. 172.
CC-2022-0172 13
En definitiva, reafirmo que en aquellos casos en que se
extingue la acción penal relacionada con los mismos hechos
que dieron lugar a la confiscación, y al acreditarse tal
hecho en la acción impugnatoria de confiscación civil, solo
restaba aplicar el Derecho. Dado que no se probó la comisión
de un delito, eso, indudablemente, debería conducirnos al
camino de liberar lo confiscado sin que fuese necesario la
celebración de un juicio.18
III
Hoy se siguen confiscando las esperanzas de que este
Tribunal se proyecte como garante de los derechos
constitucionales de la ciudadanía. Ello, muy a pesar de que
el precepto normativo que debe regir es claro e
infranqueable: un resultado favorable en la causa penal es
suficiente para que se decrete sumariamente la invalidez de
la confiscación civil, sin perjuicio de lo que se disponga
estatutariamente. Únicamente de este modo se evita favorecer
18En función de que se obligará a continuar litigando
la improcedencia de la confiscación, enfatizo que el foro
correspondiente deberá realizar un análisis de relación o
utilidad entre lo confiscado y la conducta delictiva que
motiva la confiscación. Si cumple con ese análisis, deberá
evaluar, en segundo lugar, si existe proporcionalidad entre
el valor de la propiedad con respecto a la gravedad del
delito alegadamente cometido. De este modo, se preserva la
máxima en contra de la imposición de multas excesivas
garantizado por las Constituciones de Puerto Rico y Estados
Unidos. Para una exposición y análisis sobre el particular,
véase, mi disenso en Cooperativa de Seguros Múltiples y otro
v. ELA y otros, supra, págs. 824-825. Adelanto que, tomando
en cuenta que aquí la alegada conducta delictiva se ciñe a
la presunta utilización de un vehículo sin marbete, la
confiscación de la Jeep Patriot 2015 potencialmente vulnera
la cláusula constitucional contra las multas excesivas antes
aludida.
CC-2022-0172 14
desmedidamente al Gobierno en la confiscación de propiedad
con un estándar menor y sin la plena observancia de las
garantías que se activan en los procesos penales.
Reitero, nuestros precedentes y las garantías
constitucionales aplicables exigen que, tras una
determinación favorable en el proceso penal, se determine
sin más que la confiscación en el proceso civil punitivo es
improcedente. Toda vez que bajo este escenario se opta por
someter a un juicio en su fondo a quien impugna la
confiscación, y con ello se categoriza prima facie al bien
confiscado como coautor de un crimen, disiento.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company y
otro
Recurridos
v.
CC-2022-0172 Certiorari
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.
Hace aproximadamente un año atrás, en Coop. Seg.
Múlt. et als. v. E.L.A. et als., 2022 TSPR 77,209 DPR __
(2022), desde la disidencia, sostuvimos que la
ausencia de presentación de cargos criminales en
contra de persona alguna, por hechos que motivaron la
confiscación de determinada propiedad, invalidaba la
acción confiscatoria del Estado sobre un objeto
lícito. Allí razonamos que, “la ausencia de cargos
criminales en contra de persona alguna no solo t[enía]
el efecto de colocarnos ante un propietario o dueño
del bien confiscado protegido por la presunción de
inocencia, sino que también nos presenta[ba] una falta
de vínculo entre la propiedad confiscada y el delito
cometido, sumado a la naturaleza legal del objeto
CC-2022-0172 2
confiscado”. (Énfasis suplido). Véase, Opinión disidente de
Colón Pérez en Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als.,
supra.
Hoy, en un asunto de similar naturaleza, le correspondía
a los miembros de este Tribunal pasar juicio sobre si,
habiéndose encontrado no causa para arresto en contra de
determinada persona, por ciertos delitos que presuntamente
motivaron la confiscación de un bien perteneciente a éste,
procedía que el Estado privara a un ciudadano de su
propiedad. Lamentablemente, una mayoría de mis compañeros y
compañera de Estrado, nuevamente, toman la ruta equivocada
y, en un juego de palabras, en esencia, vuelven a emplear
sub silentio la ficción jurídica que plantea que la cosa,
por si sola, es autora del delito.
Al así hacerlo, -- en palabras sencillas --,
erróneamente resuelven que la no determinación de causa por
los delitos que motivaron la confiscación impugnada en el
presente litigio no invalida automáticamente la acción
confiscatoria del Estado sobre un objeto lícito. Lo anterior,
pues, a su juicio, ello no es suficiente para derrotar la
presunción de legalidad y corrección de una confiscación
civil. Fallan malamente en dicha apreciación.
Y es que, independientemente que el presente litigio se
trámite bajo la Ley Núm. 287-2018, 2018 Leyes de Puerto Rico
(Parte 3) 2916-2922, la cual enmendó la Ley de Confiscaciones
de 2011, 34 LPRA sec. 1724e, -- tal y como lo hicimos en
CC-2022-0172 3
Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als., supra, --,
insistimos en que la ficción jurídica que automáticamente
hoy emplea una mayoría de este Tribunal, para arribar a su
conclusión, requiere que alguien sea el autor del delito que
da paso a la confiscación. Es decir, “[a]lguien tiene que
utilizar la cosa delictiva”. Íd. Ello no se probó aquí.
Como bien se recoge en los hechos que forman parte de
la Opinión que hoy emite esta Curia, en el presente caso hubo
una adjudicación expresa, por parte del Tribunal de Primera
Instancia, de no causa para arresto en contra de determinada
persona por ciertos delitos que presuntamente motivaron la
confiscación de un bien perteneciente a éste. En específico,
no se encontró causa para arresto en contra del señor Tirado
Díaz por la presunta violación al Artículo 4(e) de la Ley
253-1995 (Disposiciones Generales del Seguro de
Responsabilidad Obligatorio), 26 LPRA sec. 8053, Ley de
Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de
Motor, Ley Núm. 253-1995, 26 LPRA et seq., y el Artículo 215
del Código Penal de Puerto Rico (Falsificación de licencias,
certificados y otra documentación), 33 LPRA sec. 5285,
delitos por los que le fue confiscado el vehículo de motor
perteneciente a éste. Dicho de otro modo, aquí no hubo
delito.
Ausente pues, ese “vínculo entre la propiedad confiscada
y el delito cometido”, y dada la histórica relación que
siempre ha existido entre el proceso criminal y el civil
CC-2022-0172 4
asociado a litigios como estos, no se sostiene la
confiscación realizada por el Estado del bien perteneciente
al señor Tirado Díaz. (Negrillas suplidas). Opinión disidente
de Colón Pérez en Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als.,
supra. En consecuencia, el error señalado por el Estado no
se cometió.
Podían los aquí recurridos invocar, como efectivamente
lo hicieron, ante los foros judiciales, la doctrina de
impedimento colateral por sentencia, ello en aras de dar paso
a su Demanda sobre impugnación de confiscación. Recordemos
que la referida doctrina postula que su propósito es la
economía procesal, particularmente, que una parte
adversamente afectada por una determinación vuelva a
relitigar su caso.
En específico, conforme a nuestro ordenamiento jurídico
la doctrina del impedimento colateral por sentencia opera
cuando un hecho esencial para el dictamen de una sentencia
se determina como uno final y firme y dicha determinación es
concluyente para un pleito subsiguiente entre las mismas
partes, aunque se trate de acciones distintas. Coop. Seg.
Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 673 (2011); Suárez v. E.L.A.,162 DPR 43, 59
(2004); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná,110 DPR 753, 763
(1981).1 Tal es el caso de autos. 1 Vale señalar que, en Del Toro Lugo v. E.L.A.,136 DPR 973
(1994), al
aplicar la aludida doctrina, resolvimos que no procedía la confiscación
cuando hubo una determinación de no causa probable para acusar y la misma
advino final y firme sin que el Estado hubiese acudido en alzada. Íd.,
págs. 992–993. “La determinación de no causa final y firme de un imputado
constituye una determinación judicial que deja a éste libre,
CC-2022-0172 5
I.
Es, pues, por los fundamentos antes expuestos que
enérgicamente disentimos.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
independientemente de si es una determinación en los méritos o no lo es”.
(Negrillas suplidas)(Énfasis en el original). Suárez v. E.L.A., supra,
pág. 56, citando a Del Toro Lugo v. E.L.A., supra.
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